El titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, anunció en conferencia de prensa la presentación de una propuesta legislativa que busca modificar el Código Penal a fin de imponer penas de prisión a los extranjeros que, tras ser expulsados del país, vuelvan a ingresar de manera irregular. Según informó el responsable del Minjus, esta medida responde a la necesidad de frenar los reiterados casos de reingreso ilegal al territorio nacional, los cuales, según sus declaraciones, representan un desafío para las autoridades.
En conferencias de prensa tras el acostumbrado Consejo de Ministros, el responsable del Minjus mencionó que la situación actual permite que un extranjero sometido a un procedimiento administrativo de expulsión sea llevado hasta la frontera, pero luego pueda regresar al país por otro punto de acceso. “Hemos visto casos, incluso, que un extranjero, de manera ilegal, puede entrar hasta en dos, tres, cuatro o cinco oportunidades y se burla de la autoridad administrativa, se burla de la policía”, afirmó el ministro, subrayando la gravedad del problema.
La propuesta legislativa contempla la detención y prisión efectiva de aquellos extranjeros que reingresen al país tras haber sido expulsados en cumplimiento de una sentencia derivada de un proceso administrativo o penal. Según explicó Arana, esta iniciativa busca cerrar las brechas legales que actualmente permiten que estas personas evadan las restricciones impuestas por las autoridades nacionales. Destacó que esta normativa será presentada al Congreso de la República, donde se espera contar con el respaldo necesario para su aprobación. Según detalló, la intención es que esta medida no solo refuerce el control migratorio, sino que también envíe un mensaje claro sobre las consecuencias legales de violar las disposiciones de expulsión.
La norma arroja grandes interrogantes, sobre todo al conocerse del hacinamiento penitenciario que, incluso, ha posicionado al país en el puesto 19 del ranking de países con mayor sobrepoblación penitenciaria a nivel mundial, según un estudio del portal World Prison Brief, en colaboración con la Universidad de Birkbeck y el Institute for Crime & Justice Policy Research. Hasta agosto de 2024, las cárceles peruanas albergaban a 98.127 reclusos, a pesar de que su capacidad máxima es de 41.556 personas. Esto representa un nivel de ocupación del 236,1%, lo que equivale a una sobrepoblación del 136%.
Es tal la situación del país que el mismo titular de Justicia, quien planteó pena efectiva, solicitó un presupuesto de 274 millones de dólares para la construcción de nuevas prisiones. La falta de espacio adecuado y recursos básicos ha llevado a condiciones de vida precarias, donde los derechos humanos de los reclusos se ven constantemente vulnerados. Además, la sobrepoblación dificulta la labor de los funcionarios encargados de mantener el orden y garantizar la seguridad dentro de los centros penitenciarios.
En esa línea, a través del Decreto Supremo N° 014-2024-JUS, publicado en noviembre del 2024 el diario oficial El Peruano y suscrito por la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén, y el ministro Arana, se acordó la declaratoria de emergencia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y del Sistema Nacional Penitenciario por un lapso de 24 meses. Las razones son el “déficit de capacidad de albergue” y la optimización de “la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad”. Además, el decreto indica que se busca “garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 (...) en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad”.
“La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2% de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, agrega el documento.
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