
El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Luis Angulo, se pronunció sobre la creciente crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Aunque reconoció que se trata de un problema social de larga data, advirtió que las acciones del gobierno de Dina Boluarte y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, resultan insuficientes ante el aumento de la criminalidad organizada.
Según Angulo Tejada, los datos de la PNP evidencian un incremento en los índices delictivos, en particular de homicidios, lo que demuestra que la estrategia actual no está dando los resultados esperados.
“Pero estamos dando solamente el paracetamol. Debemos dar soluciones a mediano y largo plazo para poder asegurar que, en los próximos años, no haya esta situación que estamos pasando”, indicó en declaraciones en RPP.
Si bien destacó el trabajo diario de los efectivos policiales, con capturas y detenciones constantes, sostuvo que esto no es suficiente sin una decisión política firme que permita hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia y garantizar que los criminales detenidos permanezcan en prisión.
En ese sentido, comparó la situación del Perú con la estrategia de ‘mano dura’ implementada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, país que se ha convertido en un referente en seguridad en América Latina. Mientras que las leyes salvadoreñas son más estrictas con los delincuentes, en Perú la impunidad sigue siendo una constante por una legislación “garantista”.
“Entonces, lo que falta aquí, yo creo, es mi opinión, es falta del liderazgo político. Y quiero hacer un extremo que se hace un tanto un tanto radical. Por ejemplo El Salvador, decisor político, o sea decisor fundamental. Qué pasa, por ejemplo, en El Salvador hay un personaje que tiene un tatuaje con una ‘M’ se va a la cárcel, ‘M’ de Maras. Y acá, en Perú tenemos un delincuente que tiene una pistola en la mano y se va con comparecencia”, señaló.

Mano dura contra la delincuencia
El excomandante recordó su trabajo al mando del Escuadrón Verde de la PNP y como constantemente capturaba a delincuentes que habían estado detenidos más de 20 veces y tenían antecedentes por diversos hechos ilícitos. Es por eso que consideró que la actual legislación peruana “ata de manos” a los efectivos policiales, jueces y fiscales.
“Quizás por lo que tenemos unas normas extremadamente garantistas. Entonces, estamos atados de manos. Los señores fiscales están atados de manos y también los señores jueces. Para poder administrar justicia en forma eficiente, de tal manera de que esos delincuentes se vayan a la cárcel, no tenemos ni cárceles. Entonces todo esto se suma, como yo le digo, a un tema de Liderazgo político. Tiene que haber una decisión así férrea”, agregó.

En otro punto, aunque evitó hablar sobre los cuestionamientos hacia el titular del Interior, sí dijo que usualmente las autoridades con baja aprobación, como el caso de la presidenta Dina Boluarte, esperan alguna captura importante para “colgarse” del trabajo que hace la Policía Nacional.
“Quizás estamos esperando de que capturen, por ejemplo, a este delincuente que está bien buscado, que le dicen el ‘Monstruo’. Yo les aseguro que todo el mundo se va a colgar de esa captura. Porque, Dios quiera sea capturado, y lo va a hacer la Policía. De repente el ministro lo va a llevar al mismo presidente de la República para que lo presente”, comentó.
Desactivación de la Diviac y el Eficcop
Según el excomandante general, la decisión de desactivar el equipo especial de la PNP que apoyaba ala Eficcop fue porque el equipo liderado por Marita Barreto habría estado “pisando callos”, lo que generó una reacción adversa de quienes se sintieron afectados.
Angulo explicó que, cuando se tocan intereses políticos, las respuestas pueden ser contundentes, incluyendo estrategias de desprestigio contra las instituciones o personas incómodas para el poder. En ese sentido, denunció que varios oficiales de la Policía fueron blanco de una campaña de desacreditación, con acusaciones que no llegaron a investigarse, como los supuestos gastos millonarios en la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).
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