
El Ministerio de Salud (Minsa) ha desmentido las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien afirmó que las cifras de homicidios en el país incluyen muertes por accidentes de tránsito. Según el Minsa, los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) clasifican de manera separada las muertes violentas, distinguiendo entre homicidios, accidentes de tránsito y otras causas. Este pronunciamiento surge en medio de una alarmante ola de violencia que ha dejado 236 homicidios en el país durante los primeros 40 días de 2025.
El ministro Santiváñez, quien ocupa el cargo desde mayo de 2024, ha intentado justificar el incremento de asesinatos señalando que los datos del Sinadef estarían “mezclados”. Sin embargo, el Minsa ha aclarado, en diálogo con La República, que esta afirmación es falsa, ya que el sistema registra de manera independiente cada tipo de muerte violenta. Según el portal del Sinadef, los homicidios y los accidentes de tránsito se encuentran categorizados por separado, y los certificados de defunción son registrados exclusivamente por médicos, en el caso de muertes violentas, por médicos del Ministerio Público.

Cifras alarmantes: Lima lidera los homicidios en el país
El aumento de la violencia en el país se refleja en las cifras proporcionadas por el Sinadef. Hasta la segunda semana de febrero de 2025, se han registrado 236 homicidios en todo el territorio nacional. Lima encabeza la lista con 79 asesinatos, seguida por La Libertad con 31, Callao con 26, Piura con 15 y Puno con 13. Estas cinco regiones concentran la mayor cantidad de muertes violentas, lo que evidencia una preocupante tendencia en la criminalidad.
El incremento de homicidios ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía y ha puesto en el centro del debate la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno. Según La República, esta es la gestión con los peores resultados en términos de seguridad en los últimos 25 meses de gobierno.

El ministro del Interior culpa a los medios de comunicación
En medio de la crisis de seguridad, el ministro Santiváñez ha señalado a los medios de comunicación como responsables de una supuesta “campaña de desprestigio” contra su gestión y el trabajo de la Policía Nacional. Según el funcionario, algunos medios estarían “comprometidos con la criminalidad”. Estas declaraciones han generado controversia, ya que desvían la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país en materia de seguridad.
El ministro también ha insistido en que las cifras de homicidios están siendo manipuladas para perjudicar su gestión. Sin embargo, tanto el Minsa como los datos del Sinadef contradicen esta versión, dejando en evidencia la falta de sustento en sus afirmaciones.

El rol del Sinadef en la transparencia de los datos
El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), administrado por el Ministerio de Salud, es una herramienta clave para el registro de muertes en el país. Según el Minsa, el sistema clasifica las muertes violentas en categorías específicas, como homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y otros tipos de accidentes. Esta clasificación permite un análisis detallado de las causas de muerte y contribuye a la transparencia en la gestión de datos.
El Minsa ha reiterado que los registros del Sinadef son realizados por médicos con acceso restringido al sistema, lo que garantiza la precisión de la información. Además, los datos están disponibles para su consulta en el portal web del Sinadef, lo que refuerza la transparencia del proceso.
Manejo ineficiente contra el crimen
El aumento de los homicidios en Perú no está siendo controlado por el gobierno. Las cifras reflejan no solo un incremento en la violencia, sino también una crisis en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Mientras tanto, las declaraciones del ministro Santiváñez han generado críticas por parte de diversos sectores, que consideran que sus afirmaciones carecen de fundamento y desvían la atención de los problemas reales. La situación exige una respuesta integral que aborde las causas estructurales de la violencia y fortalezca las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
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