Funcionarios del IPD recibieron entradas de cortesía de forma irregular para conciertos en el Estadio Nacional

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra bajo la mirada de la Fiscalía y la Contraloría luego de la difusión de audios que revelarían supuestas entregas de entradas a funcionarios del IPD por fuera de lo establecido en contratos de alquiler para la realización de conciertos en el recinto deportivo, incluso en contra de una directiva establecida por la propia institución.

Gilda Ortíz, quien fue jefa de la Unidad de Comercialización del Instituto Peruano del Deporte (IPD), era la persona encargada de realizar los arrendamientos del Estadio Nacional y que, según una directiva emitida por la institución, deberían de priorizar espectáculos deportivos. Sin embargo, un informe emitido por Panorama revelaría que, en la práctica, esto no habría sido así.

La funcionaria indicó que, durante el año 2024, los empresarios representantes de las organizadoras de conciertos, dejaban a los funcionarios del IPD entradas por fuera de los contratos ya firmados y que habrían sido destinadas a Carla Binasco, asesora de la Oficina General de Administración de la institución.

“Nosotros como Instituto Peruano del Deporte cuando hacemos los contratos de arrendamiento son las entradas de cortesía. La empresa nos entrega, si quiere, o si quiere, no; entradas que forman parte de las cortesías que ellos nos dan. Estas entradas se ponen en un contrato. En este caso, ‘entradas por fuera del contrato’ significa entradas que no formaban parte de este contrato y que probablemente hayan sido negociadas en otros ámbitos (...)”, afirmó la exfuncionaria al programa periodístico.

En uno de los audios difundidos por el programa dominical, uno de los representantes de una empresa productora de nombre A23, llamado Steven Canales; fue grabado coordinando la entrega de más de 500 entradas de cortesía para el IPD como se indicaba en el contrato de arrendamiento para el concierto de Luis Miguel, además de otras 100 por fuera del contrato.

Según Ortíz, estas entradas correspondían a la zona Platinum, la más cara del evento y que estaba valorizada en S/ 790 por cada una. Es decir, que se habrían entregado tickets por un valor de 79 mil soles a una funcionaria del Estado, un hecho que la exfuncionaria del IPD calificó como irregular. “Eso es totalmente irregular, eso no podría estar escrito en ninguna norma”, aseguró.

Nueva directiva: Prioridad a eventos deportivos

Ortíz explicó al programa dominical que “durante el mes de febrero (2024) hubo una disposición del cierre del Estadio Nacional para eventos no deportivos, es decir para conciertos. Una prohibición formal, en papel (...) Después de ese documento, hubo otros de la misma oficina, del jefe de la Oficina General de Administración, que indicaba qué eventos iban y qué eventos no iban”.

En abril del 2024, Gilda Ortíz pidió una licencia por motivos personales, tal como quedó establecido en una resolución pública y, según indica la exfuncionaria, durante su ausencia se firmaron cuatro alquileres para los conciertos de artistas como Líbido, Morat, Niall Horan y Aventura.

La directiva original que permitía que se desarrollen únicamente eventos deportivos en el recinto, fue cambiada para atender solicitudes de todo tipo, pero con un orden de prioridad y, tal como lo indica la directiva modificada, se daba un sentido de “oportunidad” a los alquileres.

Esto quedó registrado en un informe de orientación de oficio hecho por la Contraloría en el que se indica que “(...) la prelación de los arrendamientos se dará en función del criterio de “OPORTUNIDAD”, es decir, no prioriza los eventos deportivos; lo cual contravendría las funciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD)“.

Denunciante afirma que se le pidió mentir

El informe del programa dominical también indica que a los alquileres del Estadio Nacional también se suma el envío de cartas de disponibilidad del recinto deportivo a los organizadores de conciertos.

Esto incluía información de la disponibilidad del estadio para el mes de febrero, pero Ortíz afirmó que recibió la indicación de decirle a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que solo podría alquilar el Estadio Nacional para el mes de enero, no para febrero.

“Luego de que me quejo, digo: las cartas de disponibilidad, ¿qué hago con la carta de la FPF pidiendo enero y febrero el Estadio Nacional?. Me respondieron ‘dile a la FPF que solo tenemos enero, que no va a poder alquilarlo durante el mes de febrero’”

La respuesta del IPD

Por su parte, el IPD emitió un comunicado en el que rechaza los hechos denunciados y se publicó un video en el que el propio gerente general del Instituto Peruano del Deporte, Juan Falcón, afirma que estas denuncias son maliciosas y tendenciosas. Esto en referencia a un reportaje anterior del día 2 de febrero en el que se reveló el presunto favorecimiento para conciertos sobre eventos deportivos en el Estadio Nacional.

En el documento, la entidad aseguró que actualmente no se realizan negociaciones irregulares y que la administración actual está tomando medidas para erradicar cualquier mala práctica dentro de la institución.

“Estamos remitiendo a la Fiscalía de la Nación los documentos que sustentan las irregularidades cometidas antes de la aprobación de la nueva directiva-la misma que deja sin efecto a la anterior-, con el fin de eliminar definitivamente todas las irregularidades y malas prácticas administrativas que la actual gestión ha tenido que enfrentar”, se indica.