Banda criminal estafó con 1 millón de soles bajo la modalidad de la ‘inversión rentable’: captaba víctimas a través de redes sociales

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló banda criminal en Miraflores, dedicada a estafar a miles de personas mediante un esquema de “inversión rentable”. En el marco de la intervención, que movilizó a un equipo de agentes, se incautaron pruebas clave que evidencian la magnitud del fraude y el modus operandi de la organización, que habría logrado obtener más de 1 millón de soles.

La empresa conocida como Lima Capital Group se encargaba de captar a sus víctimas a través de las redes sociales, donde ofrecían atractivas oportunidades de inversión en diversos sectores, principalmente en la compra y venta de bienes inmuebles y productos agrícolas, de acuerdo con Latina Noticias.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una oferta legítima terminó siendo un fraude masivo, que afectó a miles de personas, algunas de las cuales llegaron a invertir hasta medio millón de soles.

El coronel Delgado de La Torre detalló, en conversación con el citado medio de comunicación, que la empresa utilizaba promesas de rendimientos superiores al 38 % para atraer a los inversionistas.

Esta cifra, claramente por encima del promedio de rentabilidad en el mercado, fue un gancho clave para captar la atención de los incautos. Según el oficial, las víctimas eran seducidas por los contratos de inversión, los cuales, en muchos casos, no tenían respaldo ni garantías.

El esquema de fraude también se diversificaba en dos líneas de inversión, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Una de ellas estaba orientada a la comercialización de productos agrícolas en el norte del país, en localidades como Chancay. La otra línea prometía grandes ganancias a través de la venta de aceite de cannabis en Paraguay, un negocio aparentemente innovador y de alto rendimiento.

El operativo, que culminó con la incautación de 125 contratos mutuos con montos de inversión que oscilaban entre los 80.000 y 100.000 soles, también permitió la confiscación de 16 teléfonos móviles de alta gama, cinco laptops y ocho equipos de cómputo, los cuales serán clave para la investigación. La Policía Nacional y la Fiscalía continúan trabajando en el caso para identificar a los responsables y esclarecer el monto total defraudado.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que hayan conexiones con otras redes criminales que operan bajo esquemas similares, y continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer todos los detalles del caso.

SBS había alertado a la ciudadanía

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que procedió con la clausura de las instalaciones de la empresa Lima Capital Group S.A.C., también conocida como Lima Capital, en cumplimiento de su mandato constitucional para proteger el ahorro del público. La medida se tomó en conjunto con el Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Resolución SBS n.º 0388-2025.

Según la entidad estatal, la compañía llevaba a cabo actividades de captación de fondos del público sin contar con la debida autorización, incumpliendo la Ley N.º 26702, particularmente el artículo 11. La entidad operaba inicialmente en un local ubicado en la avenida Alfredo Benavides n.º 1238, oficina 903, en Miraflores, y luego trasladó sus oficinas a la av. Petit Thouars n.º 4655 en el mismo distrito.

La SBS informó que Lima Capital firmaba contratos de mutuo con sus clientes, en los cuales prometía rentabilidades aseguradas que oscilaban entre el 15 % y el 32 % anual, dependiendo del monto invertido. Los intereses se abonaban mensualmente, mientras que el capital debía ser reembolsado al vencimiento del contrato.

A pesar de las reiteradas advertencias emitidas por la SBS al gerente general de la empresa para cesar las actividades ilegales de captación de dinero, Lima Capital continuó operando sin la autorización correspondiente, desobedeciendo las disposiciones de la autoridad. Ante este incumplimiento, la entidad no solo clausuró el local, sino que también presentó una denuncia penal por los delitos de captación ilegal de fondos y desobediencia a la autoridad, la cual fue aceptada por el Ministerio Público.