Abogado peruano Alberto Borea asumió como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Alberto Borea asumió como nuevo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), este 28 de enero. Durante la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, el abogado peruano recibió 15 votos a favor, solo uno por debajo del paraguayo Diego Moreno Rodríguez, quien también formará parte del tribunal.

Ambos juristas reemplazaron a Humberto Sierra, de Colombia, y Eduardo Ferrer, de México. Se mantendrán en sus cargos hasta el 31 de diciembre del 2030.

Por su parte, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique volvió a ser electo después de vencer en segunda vuelta al colombiano Carlos Rodríguez Mejía. Los dos obtuvieron doce votos en la primera ronda. Como resultado, la Corte IDH estará compuesta de esta forma:

• Nancy Hernández López, presidenta (Costa Rica)
• Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente (Brasil)
• Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay)
• Verónica Gómez (Argentina)
• Patricia Pérez Goldberg (Chile)
• Diego Moreno Rodríguez (Paraguay)
• Alberto Borea (Perú)

La Corte IDH es un tribunal internacional donde se evalúan posible responsabilidad de los Estados, que aceptaron la competencia contenciosa, en la violación de los derechos de los ciudadanos que viven en esos países. Perú es una de las naciones con más sentencias por este tipo de vulneraciones.

¿Quién es Alberto Borea?

Alberto Borea, de 73 años, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dentro de su carrera política, destaca que fue diputado por Lima con el Partido Popular Cristiano, entre 1985 y 1990. Luego fue elegido como senador durante el Gobierno de Alan García, entre 1990 y 1992. Sin embargo, su periodo se vio interrumpido por el autogolpe de Estado de 1992 del exdictador Alberto Fujimori.

Luego de estos hechos, estuvo asilado en Costa Rica, donde se desempeñó como consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Años después, en el 2000, fundó el partido Fuerza Democrática.

Entre el 2004 y el 2005, fue representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ese tiempo fue escogido como presidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos y como presidente del Consejo Permanente del organismo.

En el 2006 fue aspiró al sillón presidencial por Fuerza Democrática, pero quedó relegado en el puesto 13. En años más recientes, el año 2018, Borea fungió de abogado del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando el mandatario afrontaba su primer proceso de vacancia presidencial.

Finalmente, en el 2024, fue designado como el representante peruano para ser candidato a jurista de la Corte IDH.

Organizaciones rechazaron su elección

La designación de Borea generó una ola de críticas por parte de diversas organizaciones sociales, debido a sus posturas en temas como el derecho a la protesta, los derechos sexuales y reproductivos, y de las personas LGBTIQ+.

Demus - Estudio para la Defensa de la Mujer expresó su preocupación a través de redes sociales, señalando que el jurista ha mantenido posiciones contrarias a los derechos humanos en estas áreas fundamentales.

El proceso de selección de los jueces de la Corte IDH incluye una evaluación por parte de un panel de expertos independientes, quienes analizan las candidaturas en función de su conocimiento y compromiso con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Este panel ya había señalado que, aunque Borea demostraba un entendimiento adecuado de los desafíos internacionales actuales, sus posturas se alejaban de la jurisprudencia del tribunal en temas como los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la protesta.

En este contexto, la jurista uruguaya Ariela Peralta, integrante del equipo, comentó en una entrevista con RPP que el representante peruano también se había mostrado en contra del matrimonio igualitario. Aunque Peralta aclaró que esta postura no necesariamente representaba un peligro para el funcionamiento del tribunal, sí generó inquietudes sobre su capacidad para garantizar la protección de los derechos humanos de manera inclusiva y equitativa.

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