El Poder Judicial (PJ) ordenó el levantamiento del secreto bancario de Fredy Hinojosa, actual vocero de la presidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación que lo vincula a una presunta organización criminal. La decisión fue adoptada por la jueza Fenirupd Chagua, quien declaró procedente el pedido realizado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, específicamente por el Cuarto Despacho de esta entidad.
El plazo que se dispuso para el levantamiento comprende desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024. Según las autoridades, Hinojosa enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio, todos en perjuicio del Estado peruano.
¿Por qué es investigado Fredy Hinojosa?
De acuerdo con las investigaciones, en su rol como director ejecutivo de Qali Warma, cargo que ocupó desde el 27 de marzo de 2018, Hinojosa habría facilitado el funcionamiento de un esquema de sobornos dirigido a funcionarios y servidores públicos. Este mecanismo de corrupción comprende instituciones como la Dirección General de Salud (DIGESA), la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y otras dependencias estatales a nivel nacional.
Como parte de la referida red, vigente desde aproximadamente el año 2020 y activa hasta 2024, también se habría coordinado con el personal encargado para evitar que se efectúe exámenes a los productos que se adquirían para el Programa de Alimentación. Además, se le atribuye haber favorecido a la empresa FrigoInca, para que fuera único proveedor de las conservas de res.
Si bien durante la gestión de Hinojosa la empresa no contrató directamente con el Estado, la hipótesis fiscal señala que el fallecido Nilo Lino Francisco Burga Malca —dueño de la empresa Frigoinca— habría coordinado con él la emisión de cinco resoluciones en beneficio de su empresa.
Argumentos del Poder Judicial
Tras analizar el caso, la jueza Fenirupd Chagua fundamentó su decisión en la necesidad de esclarecer el flujo de dinero relacionado con las actividades de la presunta organización criminal. En ese sentido, consideró que existen suficientes elementos de convicción para presumir la existencia de los delitos atribuidos a los investigados.
“De lo expuesto y conforme a la vinculación de los afectados con los hechos materia de investigación, el levantamiento del secreto bancario, permitirá identificar los posibles movimientos u operaciones bancarias (depósitos, retiros, transferencias etc.), de los investigados; los cuales habrían acordado y aceptado este sistema de corrupción materializado en ‘pagos ilegales’ a cambio de diversos beneficios a favor de la presunta organización criminal enquistada en FrigoInca y en el Programa Qali -Warma, con extensión de brazos operativos en otras entidades del Estado, como Digesa, Diresa, a nivel nacional”, explicó la juez.
Agregó que, según los indicios, “se habrían valido de las cuentas bancarias de terceras personas a fin de evitar ser descubierto los sobornos, por lo que resulta necesario levantar el secreto bancario de los terceros vinculados con los investigados en los hechos incriminados, en la medida que a la fecha se han identificado diversos depósitos que se habrían efectuado por parte de la empresa Frigoinca.”
En ese sentido, la juez dispuso que todas las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y las empresas del sistema financiero (activas y en proceso de intervención y/o liquidación) cumplan con la orden judicial.
Entre la información que deberán entregar están las transferencias y remesas de fondos locales, así como transferencias al extranjero, usando cuentas y sin uso de las cuentas; cartas fianzas, notas de cargo y abono, recibos o comprobantes de depósito, reportes de transferencias (solicitadas por cualquier medio); cuentas bancarias abiertas (cerradas y vigentes); movimiento de cuentas, cheques girados, cartas de garantía, tarjetas de créditos, etc.
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