A menos de dos meses para el inicio de las clases escolares en Lima Metropolitana, la preocupación por el estado de la infraestructura educativa alcanza niveles alarmantes. Más de 400 locales escolares son catalogados por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) como de alto y muy alto riesgo, una cifra que pone en evidencia el desafío que enfrenta el sistema educativo para garantizar condiciones mínimas de seguridad para miles de estudiantes.
En un documento dirigido al titular de la DRELM, la Defensoría del Pueblo expresó su inquietud por el incremento de planteles en situación crítica en comparación con años anteriores. La jefa de la sede defensorial de Lima, Estela Lozano, señaló que, pese a los esfuerzos realizados, la cantidad de instituciones educativas en alto riesgo pasó de 353 en 2022 a 413 en 2025. Este aumento, aseguró la experta, refleja la necesidad de implementar soluciones urgentes y sostenibles para evitar que más locales caigan en condiciones peligrosas.
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Entre los colegios más afectados figura la institución educativa I.E. 2002 Mariscal Ramón Castilla, ubicada en el distrito del Rímac. De las 21 aulas que conforman este colegio, ocho se encuentran en alto riesgo, mientras que un pabellón completo permanece inhabilitado debido a problemas estructurales. Además, las paredes de varias aulas presentan daños por salitre, una señal de humedad prolongada que no fue atendida oportunamente.
Otro ejemplo alarmante es el colegio 093 Manuela Felicia Gómez, en La Victoria, donde el cerco perimétrico, deteriorado por el paso del tiempo, representa un peligro latente. En Chorrillos, las instituciones educativas 6097 Mateo Pumacahua y 7064 María Auxiliadora enfrentan problemas similares: aulas con grietas, áreas colapsadas y filtraciones de agua. En ambos casos, las instalaciones han sido parcialmente clausuradas, aunque muchas áreas aún se utilizan debido a la falta de alternativas.
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Soluciones temporales convertidas en permanentes
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una práctica recurrente en varios colegios: la implementación de módulos educativos temporales como medida de emergencia. En muchos casos, estos módulos han permanecido por más de una década, convirtiéndose en soluciones definitivas pese a su carácter provisional. Esta situación no solo afecta la calidad educativa, sino también el espacio destinado a actividades recreativas, ya que los módulos ocupan áreas originalmente diseñadas para el esparcimiento.
En el caso del colegio Mariscal Ramón Castilla, por ejemplo, los módulos instalados en los patios han reducido considerablemente el área recreativa disponible para los estudiantes. Según la Defensoría, esta situación no solo limita las actividades físicas, sino que también pone en riesgo la seguridad de los niños al utilizar instalaciones que no fueron diseñadas para un uso prolongado.
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Un factor que complica la solución del problema es el saneamiento físico y legal de los terrenos donde operan muchos colegios. Según explicó La jefa de área educación de Oficina de la sede defensorial de Lima, Milagritos Anderson, esta situación impide que se ejecuten proyectos de inversión pública destinados a la reconstrucción o rehabilitación de los planteles. “El saneamiento físico y legal es un requisito indispensable para la aprobación de cualquier proyecto de infraestructura escolar. Sin este paso, no es posible avanzar hacia la ejecución de las obras necesarias”, indicó.
Brechas y desigualdades
El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario permitió la construcción de 17 nuevos colegios en Lima Metropolitana durante el periodo 2024-2025. Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Mientras que algunos estudiantes tienen acceso a modernas instalaciones, otros deben conformarse con aulas en condiciones precarias, lo que genera una evidente brecha en las oportunidades educativas.
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La Defensoría resaltó la necesidad de buscar alternativas inmediatas para reducir el número de colegios en alto riesgo. Entre las propuestas destacan las alianzas estratégicas con gobiernos locales y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), así como la atención prioritaria a las observaciones realizadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Además, insiste en que los colegios en alto riesgo requieren una intervención integral que contemple la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas. Cada año de retraso, señaló Anderson, agrava la situación y pone en peligro la seguridad de los estudiantes y el personal educativo. Además, se reiteró el llamado al Ministerio de Educación para agilizar las reformas normativas que permitan atender de manera más eficiente las necesidades de infraestructura escolar.
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En el contexto actual, con el inicio de clases programado para el 17 de marzo, la necesidad de garantizar condiciones seguras para los estudiantes se convierte en una prioridad impostergable. La atención a esta problemática no solo implica un compromiso presupuestario, sino también la voluntad política de priorizar la educación como eje central del desarrollo del país.
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