Un nuevo ataque contra el gremio de transportistas públicos se registró la noche de este jueves 23 de enero. En esta ocasión, el objetivo de una supuesta organización criminal dedicada al cobro de cupos y las extorsiones era un bus de la empresa Etusa, que hace una ruta desde San Juan de Lurigancho hasta Chorrillos, y viceversa.
Precisamente, el atentado ocurrió cuando atravesaba calles chorrillanas —frente a un grifo en la intersección avenida Alameda Sur con Prolongación Huaylas—. Según testigos, dos delincuentes interceptaron el vehículo a bordo de una moto y descargaron una ráfaga de disparos.
Producto del ataque, el chofer de la unidad, quien recibió un balazo en el pecho, fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, ubicado en Miraflores. Trascendió que su estado de salud es reservado.
Mientras tanto, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) cercaron la zona para iniciar con las diligencias respectivas y así poder ubicar el paradero de los responsables del atentado. El bus, de placa F5V-736, presenta disparos en la parte frontal.
Atentando en SJM
Esta clase de atentados son el pan de cada día en Lima Metropolitana. La tarde del último 22 de enero, un bus de transporte público fue baleado en San Juan de Miraflores (SJM). Una niña de 5 años y el conductor del vehículo resultaron heridos. Ambos se encuentran internados en el hospital María Auxiliadora.
Este ataque también habría sido perpetrado por una organización criminal dedica al cobro de cupos. El modo de operar fue el mismo: los pistoleros, que se desplazaban en una moto, aprovecharon que el vehículo hizo una parada cerca del mercado José María Arguedas, en Pamplona Alta, para que algunos pasajeros bajaran.
Sin previo aviso, dispararon nueve veces contra la unidad, impactando a la menor, quien estaba en la escalera del vehículo junto a su madre.
¿Habrá nuevo paro de transportistas?
Estos hechos ocurren en un contexto marcado por protestas de los transportistas, quienes han denunciado la inseguridad y la ausencia de acciones concretas por parte del gobierno de Dina Boluarte.
En septiembre, las empresas de transporte público de Lima y Callao paralizaron sus actividades durante dos días, exigiendo garantías de seguridad y cuestionando la falta de respuesta policial ante las amenazas de extorsión. Esta medida fue seguida por movilizaciones en octubre, noviembre y diciembre, sin que la violencia mostrara señales de disminuir.
El gremio de transportistas manifestó que los constantes ataques contra sus unidades eran insostenibles. También destacaron que muchos de estos incidentes permanecían sin solución debido a la ausencia de investigaciones efectivas.
La respuesta del Ejecutivo fue tardía y limitada. Aunque la Policía Nacional reforzó los operativos en zonas críticas del sur de Lima, las acciones no fueron suficientes para contener la violencia. Desde el mencionado sector señalaron que, a pesar de las promesas oficiales, la seguridad en las rutas más peligrosas continuaba siendo responsabilidad de las propias empresas.
Hace unas semanas, representantes del gremio de transporte público informaron que están evaluando sus próximas acciones para exigir mayor protección de las autoridades. Entre las alternativas se encuentran realizar una movilización en Lima y otras regiones afectadas por el sicariato, o convocar a un nuevo paro nacional.
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