El exmandatario Martín Vizcarra señaló a Keiko Fujimori como la principal promotora de un informe que recomienda su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según el exjefe de Estado, la medida tomada desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso responde a una estrategia política impulsada por el temor de Fujimori a competir con él en futuros comicios electorales.
En declaraciones al medio La República, Vizcarra afirmó que el informe es parte de un plan orquestado por el fujimorismo para sacarlo del escenario político. Según el exmandatario, Héctor Ventura, encargado de exponer el documento, actúa como un “alfil” de la lideresa naranja, quien estaría detrás de estas acciones.
“Es simple y llanamente parte de la persecución política. ¿Quién hace el informe? Héctor Ventura. ¿Quién es? Un alfil fujimorista de Keiko Fujimori. Keiko me tiene miedo, tiene terror de poder enfrentarme en unas elecciones. Y por eso, saca estos informes que no tienen sustento legal", expresó Vizcarra, reiterando que considera esta medida como una persecución política.
El informe aprobado con 16 votos a favor, ninguna oposición y dos abstenciones, sostiene que la disolución del Congreso en 2019, llevada a cabo durante el gobierno de Vizcarra, constituyó un acto inconstitucional. En aquel momento, el líder de Perú Primero justificó la medida argumentando que el Parlamento había negado de manera fáctica la cuestión de confianza planteada por su gobierno.
Ahora, el documento será remitido a la Comisión Permanente del Congreso. Esta instancia deberá decidir si ratifica la propuesta o la archiva. En caso de ser aprobada, el Pleno del Parlamento tendrá la última palabra. Si la sanción prospera, esta sería la tercera vez que Vizcarra es inhabilitado para ejercer cargos públicos en los últimos años.
Un historial de inhabilitaciones
Esta no es la primera vez que el exmandatario enfrenta sanciones de este tipo. En abril de 2021, Vizcarra fue inhabilitado por 10 años debido a su implicación en el caso conocido como “VacunaGate”. Este escándalo involucró la vacunación irregular contra la COVID-19 de funcionarios públicos, incluido el propio expresidente, con dosis adicionales de la vacuna Sinopharm. En ese mismo caso, las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, también fueron sancionadas.
La segunda inhabilitación contra Vizcarra ocurrió en un contexto similar, relacionado con presuntas irregularidades durante su gestión. El impedimento se dio por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes en el marco del llamado caso Obraínsa. Pese a la prohibición de intervenir en la gestión de empresas y asociaciones privadas, el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando integró el gabinete ministerial.
Exministros también en la mira
El reciente informe aprobado por la SAC no solo afecta a Vizcarra, sino también a dos de sus exministros: Salvador del Solar y Vicente Zeballos. Ambos enfrentan una propuesta de inhabilitación por cinco años, señalados por su participación en la disolución del Congreso en 2019.
De confirmarse la inhabilitación, Vizcarra quedaría impedido de ejercer cualquier cargo público hasta 2035, lo que representaría un golpe significativo para sus aspiraciones políticas. En el caso de Del Solar y Zeballos, la sanción los mantendría alejados de la función pública hasta 2030.
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