Ante el atentado ocurrido en una sede de la Fiscalía en Trujillo, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la remoción de más de 100 efectivos vinculados a organizaciones criminales. La medida motivó que uno de los periodistas consultara por su pasado, considerando que previo a asumir el Mininter defendió a policías vinculados a serios delitos.
“Usted ha defendido a policías, ¿cómo es que va a poder afrontar las demandas que se presenten?“, fue la pregunta que incomodó al responsable del sector. Al momento de responderla, no solo aseguró que no había defendido a ningún efectivo vinculado a hechos de corrupción y organización criminal, sino que recriminó la consulta.
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“El señor periodista dice que he defendido a diversos efectivos policiales, pero ni siquiera sabe a quién yo he defendido. ¿He defendido a algún efectivo policial involucrado en actos de corrupción con organizaciones criminales? A ninguno para que usted sepa. No sabe, pero hace la pregunta“, expresó.

Así como olvidó haber dado una cifra errónea al momento de comunicar la reducción de extorsiones y sicariatos, el ministro pasó por alto que defendió a policías investigados por corrupción, asesinato, pertenencia a organización criminal y otros delitos.
Santiváñez defendió al general Héctor Petit, director de Administración de la Policía, involucrado en presuntas compras sobrevaloradas en el rancho policial y mascarillas para enfrentar la pandemia covid-19.
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Tan es así que al asumir como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra y revelarse su defensa, se vio obligado a renunciar.

También fue asesor legal del general PNP José Figueroa, sindicado de pertenecer presuntamente a la organización criminal “Los Intocables Ediles”, organización criminal que se encargaba de cobrar cupos a vendedores ambulantes en La Victoria. “Obtuve su libertad luego de una audiencia que duró más de 4 días”, manifestó Santiváñez en conferencia de prensa.
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Por si fuera poco, también fue abogado defensor del exdirector del penal de Huacariz, Edwin Ortiz, de quien se dijo que era el líder de la organización criminal “Los Piaras de Huacariz”, dedicada a cobrar dinero a cambio de que los internos pudieran acceder a drogas y teléfonos celulares.
A través de un comunicado emitido por la propia cartera del Interior, se indicó que como “reconocido abogado penalista de profesión, ejerció la defensa de diversas personas en el ámbito profesional privado en aras del irrestricto derecho de defensa, encontrándose absolutamente prohibida la criminalización del ejercicio de la defensa legal de acuerdo a los Tratados de Derechos Humanos y Acuerdos Internacionales suscritos por el Estado Peruano y reconocidos por la Constitución Política”.
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Otro de los casos más conocidos al que fue cercano es al del Escuadrón de la Muerte, integrado por varios oficiales de la policía que asesinaron a más de 20 personas en 9 falsos operativos o falsos positivos que ellos mismos organizaban para lograr ascensos, manejo de dinero de inteligencia y portadas. Santiváñez defendió al líder del escuadrón, el comandante Enrique Prado Ravines en la denuncia administrativa y disciplinaria que se les hizo ante la Inspectoría General de la Policía.
Además, tomó la defensa del capitán Johnny Arévalo Quispe, hoy sentenciado a 22 años de prisión por el delito de asesinato. Al respecto, insistió en que su defensa no fue en el ámbito penal, sino en el administrativo, aunque ello no cambie el sentido de su labor.
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Infobae Perú buscó el descargo del Ministerio del Interior sobre el tema. Sin embargo, al cierre de la nota no hubo respuesta.
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