Fraude financiero en Pucallpa: PNP detiene a cajera de banco de 25 años que pretendía llevarse más de 300 mil soles

Desde la región de Pucallpa, informaron que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a María Cristina Chávez Palomino, de 25 años, trabajadora del Banco Continental BBVA. La joven fue sorprendida realizando depósitos sospechosos por sumas exorbitantes y ocultando dinero en efectivo entre sus pertenencias.

La gerente de la sucursal bancaria, tras notar comportamientos inusuales en Chávez, ordenó la revisión de las cámaras de seguridad. En las imágenes se observó a la joven ejecutando operaciones de depósito sin la presencia de clientes ni el ingreso físico del dinero correspondiente. Ante estas irregularidades, la gerente decidió retenerla y notificar a las autoridades.

Durante la intervención de la Unidad de Emergencias ‘Águilas Negras’, se incautaron varios objetos, entre ellos un teléfono iPhone 13, un reloj inteligente, seis vouchers de depósito, dos cuadernos con anotaciones, siete tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias y 420 soles que pertenecían a Chávez.

Mientras que, al realizar el cierre de caja, se identificó un faltante de 306.161 soles. Además, durante el registro personal, los agentes encontraron 50.000 soles en efectivo camuflados entre las pertenencias de la detenida.

Las primeras investigaciones revelaron que Chávez habría realizado múltiples depósitos fraudulentos a cuentas recién creadas. Las transacciones, posteriormente anuladas, se dirigían a cuentas abiertas apenas un día antes.

Entre los beneficiarios figuraban nombres como Sara Elizabeth Rimachi Rojas, Melany Greasse Nava Hernández, Alexsandro Jhoel Fernández Monte, entre otros, con montos que iban desde 10.000 hasta 29.000 soles.

La lista completa de movimientos bancarios vinculados al caso incluye depósitos por un total que supera los 300.000 soles. Estas transacciones se realizaron de manera sistemática, y cada una fue registrada en los vouchers encontrados en poder de Chávez.

La Fiscalía imputó a la acusada el presunto delito de hurto agravado, cuya pena mínima es de 8 años y puede alcanzar hasta 15 años de prisión. Mientras tanto, la detenida permanece bajo custodia en la sede de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Pucallpa, donde las investigaciones continúan.

Las autoridades no descartan que existan más personas implicadas en este esquema fraudulento. Se está llevando a cabo un peritaje en el teléfono móvil incautado, pues se sospecha que Chávez podría haber proporcionado información a terceros sobre clientes que realizaban retiros de grandes sumas de dinero en la sucursal bancaria.

En los últimos años, Perú experimentó un incremento en los delitos financieros, afectando tanto a instituciones como a clientes del sistema bancario. Según el “Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2018-2022″ del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las denuncias por delitos contra el patrimonio, que incluyen fraudes y estafas, mostraron una tendencia creciente.

Un caso destacado es la denuncia presentada por el BBVA Perú en abril de 2024 contra exejecutivos y empresarios pesqueros por un presunto fraude de aproximadamente S/280 millones. La acusación señala que, a través de operaciones de leasing fraudulentas, se desembolsaron sumas significativas sin las garantías adecuadas, afectando gravemente al banco.

Además, en diciembre de 2024, se desmanteló una organización criminal que operaba desde Perú y España, dedicada a estafas telefónicas mediante la técnica de ‘vishing’. Esta red logró defraudar alrededor de 3 millones de euros, afectando a más de 10,000 personas en España. La operación conjunta entre las policías de ambos países resultó en 83 detenciones y puso en evidencia la sofisticación de las modalidades delictivas actuales.

Estos incidentes reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en el sector financiero peruano. Entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) han intensificado sus esfuerzos para identificar y sancionar prácticas fraudulentas.