
El Poder Judicial ha emitido una orden de impedimento de salida del país por un periodo de 24 meses contra el abogado José Luis Castillo, quien está siendo investigado por su presunta vinculación con ‘Los cuellos blancos del puerto’.
Castillo Alva enfrenta acusaciones por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por su presunto liderazgo en “Cuellos Blancos” y obtener ventajas para clientes como Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, aprovechando su relación con el exjuez César Hinostroza.
La medida fue dictada por la jueza Soledad Barrueto, quien notificó a la Policía Nacional del Perú y a la Superintendencia Nacional de Migraciones para garantizar su cumplimiento. La orden estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2026.
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La decisión judicial responde a un requerimiento presentado por el Primer Despacho Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales, encargado de investigar este caso de corrupción. Inicialmente, el despacho fiscal había solicitado que el impedimento de salida del país se extendiera por un plazo de 36 meses. Sin embargo, la jueza Barrueto declaró fundado el pedido solo en parte, reduciendo el periodo a 24 meses.
En respuesta a la decisión judicial, el abogado José Luis Castillo presentó un recurso de apelación con el objetivo de que una instancia superior revoque la medida. La defensa busca que se declare infundado el requerimiento fiscal que inicialmente solicitaba un impedimento de salida por 36 meses. Este recurso fue admitido por la jueza Soledad Barrueto el 13 de enero, quien dispuso su remisión a la Sala Penal de Apelaciones Nacional correspondiente.
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El vínculo con Patricia Benavides
El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) tiene en sus manos un revelador testimonio que expone presuntos nexos entre la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y el abogado José Luis Castillo Alva, también conocido como “Pepe Lucho”, quien es investigado por su implicación en el caso “Cuellos Blancos”. El exfiscal Jorge Vargas Sueldo declaró el 2 de mayo de este año ante el fiscal Christian Niño Torres, jefe del equipo N°3 de Eficcop, confirmando detalles de esta conexión, según reveló IDL Reporteros
Vargas Sueldo, quien pasó por el Ministerio Público entre 2018 y 2022, relató haber sido objeto de presiones poco después de asumir como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial “Cuellos Blancos” en julio de 2023. Según su testimonio, Miguel Girao, entonces asesor de Benavides, lo invitó a una reunión donde se encontraba Castillo Alva, investigado por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
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El encuentro tuvo lugar en un departamento en San Isidro, donde, según Vargas Sueldo, el abogado solicitó medidas en beneficio de su caso, expresando su descontento con decisiones del fiscal Andy Junior Rodríguez, predecesor de Vargas Sueldo. Castillo Alva habría mostrado especial preocupación por la citación a policías que realizaron videovigilancias vinculadas a su investigación en “Cuellos Blancos”. Vargas Sueldo, sintiéndose presionado, rechazó el pedido, pero resaltó la importancia de dichos testimonios.

Presiones
Días después, Vargas Sueldo retomó los procedimientos para citar a los policías involucrados, pero en septiembre de 2023 su sucesora, Angie Tavara Roque, anuló estas disposiciones. La fiscal fue promovida al cargo titular por Benavides, en un contexto que ahora se investiga por presuntas irregularidades.
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La defensa de Castillo Alva
Castillo Alva, actualmente en prisión preventiva, ha negado conocer a Vargas Sueldo y cuestiona la existencia de la reunión. Además, subraya que Miguel Girao, señalado como intermediario, estaría fuera del país en las fechas indicadas. Sin embargo, el exfiscal sostiene que la cita ocurrió días posteriores a su designación, sin precisar una fecha exacta.
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