Una organización criminal procente de Ecuador invadió “más de 30 kilómetros” de territorio peruano en la región de Amazonas, cerca a un sector fronterizo, según expuso Francisco Yampis, alcalde del centro poblado Shaim Alto Comainas. De acuerdo a su denuncia, estas incursiones tienen como objetivo la extracción ilegal de oro en una zona donde las comunidades indígenas han sido “históricamente olvidadas por el Estado”.
“Han entrado 30 kilómetros en territorio peruano, así es, ecuatorianos”, afirmó Yampis a Exitosa, tras detallar que el grupo conocido como Los Choneros, una organización delictiva ecuatoriana, actúa como brazo armado de los mineros ilegales que operan en la frontera con ese país.
El burgomaestre, además, destacó que estas actividades no solo afectan las tierras ancestrales de las comunidades awajún, sino que también generan violencia y despojo de los recursos naturales en la región.

Presunta colusión
Según Yampis, los mineros ilegales están equipados con maquinaria pesada y han contratado a Los Choneros para proteger sus actividades ilícitas.
“Los Choneros son los sicarios. Son contratados por los mineros en estado de formalización, pero la explotación que realizan no está aceptada por la Dirección Regional de Energía y Minas ni por el Ministerio de Energía y Minas”, explicó.
El alcalde también acusó a policías, militares y otras autoridades locales de estar supuestamente involucrados en actos de corrupción que facilitan la presencia de estas mafias.
“Los generales, los policías y los militares reciben coimas. Por eso no se puede controlar lo que está ocurriendo”, señaló. Además, agregó que estas irregularidades llevan ocurriendo décadas sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado.
Violencia y abandono
El impacto en las comunidades indígenas es devastador. Yampis relató que la actividad minera ilegal generan enfrentamientos y episodios de violencia que obligan a las familias awajún a abandonar sus hogares.
Según el alcalde, incluso una camioneta perteneciente a una comunidad fue incendiada como represalia por oponerse a estas actividades ilícitas.
El abandono por parte del Estado también deja a las comunidades indígenas sin acceso a servicios básicos ni protección frente a estas mafias. Yampis insistió en que, en caso de que las autoridades no actúen de inmediato, las rondas campesinas de Condorcanqui y Nieva podrían tomar medidas para defender sus tierras de manera autónoma.

Falta de control
La ubicación remota de las comunidades afectadas, a dos o tres días de camino desde la frontera, facilita la incursión de estas mafias. Según el alcalde, los puestos militares en la zona son insuficientes y carecen de recursos para enfrentar a los grupos armados. “El puesto militar de PB4 no hace nada. Aunque informan lo que sucede, las autoridades en Lima no actúan”, aseguró.
Yampis también cuestionó la falta de vigilancia en la frontera y criticó a las autoridades por priorizar los intereses de los mineros ilegales por encima de las necesidades de las comunidades indígenas. “Los generales de policía y los militares tienen su cupo ahí. El Estado favorece a los ricos, pero abandona a los awajún”, sostuvo.
Reclamo al gobierno
Desde Lima, donde viajó para hacer pública su denuncia, Yampis instó al gobierno de Dina Boluarte y a los ministros del Interior y Defensa a intervenir de manera urgente. “Le pido a la Presidenta que visite la comunidad y que elimine totalmente a los que están plantados en Tambo trabajando con Los Choneros. Si no lo hacen, esto va a continuar”, advirtió.
El alcalde también pidió que se anule el proceso de formalización de los mineros ilegales en Tambo y que se prioricen proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas de la zona. “Necesitamos proyectos educativos, apoyo para nuestras familias y soluciones pacíficas que beneficien a nuestra gente”, expresó.

Entre la desesperación y resistencia
Las comunidades awajún, conformadas por más de 3.000 personas, se han dedicado históricamente al cultivo de yuca y la crianza de animales, actividades que ahora están amenazadas por la minería ilegal. “Cuando no había minería, mi gente vivía de su chacra. Ahora todo ha cambiado con la llegada de estas mafias”, lamentó Yampis.
El alcalde subrayó que la resistencia de las comunidades ante estas incursiones no ha sido suficiente para frenar el avance de los mineros ilegales y sus aliados. “Si el Estado no nos ayuda, nosotros tomaremos decisiones. Las rondas campesinas se movilizarán porque no podemos seguir esperando mientras destruyen nuestras tierras”, concluyó.
Carretera clandestina
A inicios de este mes, Pedro Yaranga, analista de seguridad integral y gestión de riesgos, advirtió que los mineros ilegales extranjeros y otras personas sospechosas ingresan al Perú a través de una carretera clandestina.

De acuerdo al experto, se trataría de un paso de al menos seis kilómetros que conecta la ciudad ecuatoriana de Yantzaza con la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.
Por medio de esta ruta, circularían diariamente decenas de vehículos que transportan a los mineros ilegales, lo que intensificaría el saqueo de recursos naturales, como el valioso oro, en la zona.
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