El 54,2% de los hogares peruanos carece de acceso a internet fijo, una cifra que se agrava en las zonas rurales, donde el 86,5% de los hogares no cuenta con este servicio esencial. En este contexto, la reciente aprobación del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones (Decreto Supremo N° 023-2024-MTC) ha generado preocupación entre diversos gremios empresariales, quienes advierten que esta normativa podría obstaculizar gravemente la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones (antenas) y el desarrollo de redes 5G en el país.
Según informó un comunicado conjunto de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (COMEX), esta medida representa un retroceso significativo para el sector de las telecomunicaciones en Perú.
De acuerdo con los gremios mencionados, el nuevo reglamento introduce cambios que ralentizarán los proyectos de conectividad al exigir evaluaciones ambientales previas con silencio administrativo negativo para el despliegue de infraestructura, tanto en áreas urbanas como rurales. Este cambio contrasta con el marco normativo vigente, establecido por la Ley 29022, que permitía la aprobación automática de solicitudes para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, siempre bajo procesos de control posterior.
Gremios señalan burocracia excesiva para el 5G
Según detallaron las organizaciones, esta nueva exigencia no solo incrementará los costos de los proyectos, sino que también generará una burocracia excesiva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que ya ha reconocido no contar con la capacidad suficiente para procesar oportunamente las solicitudes de permisos ambientales.
Además, el reglamento establece que gran parte de los proyectos de telecomunicaciones ya implementados deberán someterse a los nuevos trámites y requisitos, lo que, según los gremios, implica una aplicación retroactiva de la norma. Esto podría derivar en un cuello de botella administrativo que retrasaría aún más el despliegue de infraestructura, afectando directamente la conectividad de los peruanos.
De acuerdo al comunicado, esta situación contradice lo dispuesto en la Ley 31809, que exige un análisis de impacto regulatorio exhaustivo antes de implementar normativas que afecten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
Impacto en el desarrollo tecnológico y la conectividad nacional
El sector de las telecomunicaciones en Perú ha mostrado avances significativos en los últimos años. Según datos proporcionados por los gremios, la red de fibra óptica pasó de 13.400 kilómetros en 2013 a 81.000 kilómetros en 2022, mientras que el número de antenas 4G aumentó un 145% desde 2017. Estas mejoras han sido fundamentales para incrementar la conectividad en el país. Sin embargo, el nuevo reglamento pone en riesgo estos avances, así como los planes del MTC para cerrar la brecha de conectividad y masificar el acceso a redes 5G, una tecnología clave para el desarrollo tecnológico y económico del país.
Según cifras del propio MTC, Perú necesita instalar 33.535 antenas adicionales para cubrir el 55% de la brecha de conectividad al 2025, sin considerar aún los requerimientos para la implementación de redes 5G. En regiones como Loreto, Amazonas y Huánuco, los niveles de conectividad son especialmente bajos, con apenas un 4,5%, 5% y 15,6% de acceso a internet fijo, respectivamente. Estas cifras reflejan la urgencia de políticas públicas que prioricen la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso.
Cuestionamientos a la justificación ambiental del reglamento
Los gremios empresariales han reiterado su compromiso con el cumplimiento de estándares ambientales, pero cuestionan la necesidad de las nuevas exigencias impuestas por el reglamento. Según el comunicado, no existen evidencias de que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones cause impactos ambientales negativos significativos. Además, señalaron que el informe que sustenta la creación de esta normativa no ha logrado acreditar tales impactos.
En este sentido, los gremios consideran que la normativa no solo es innecesaria, sino que también representa un obstáculo para el desarrollo del sector. Según indicaron, antes de imponer estas cargas adicionales, se debió realizar un análisis exhaustivo de su impacto regulatorio, tal como lo exige la Ley 31809. Asimismo, destacaron que la creación de una ventanilla única digital, dispuesta en la misma ley, sigue pendiente de implementación, lo que podría haber facilitado los procesos administrativos relacionados con el despliegue de infraestructura.
Llamado al Poder Ejecutivo
Ante esta situación, AFIN, AMCHAM y COMEX han hecho un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que derogue el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones y priorice políticas públicas que fomenten la conectividad en el país. Según los gremios, es fundamental impulsar medidas que permitan cerrar la brecha digital y garantizar el acceso a internet para todos los peruanos, especialmente aquellos que residen en zonas rurales y marginadas.
El comunicado concluye subrayando la importancia de no detener el desarrollo del sector de telecomunicaciones en evaluaciones interminables que podrían retrasar la atención oportuna a hogares y empresas. En un país donde el acceso a internet sigue siendo un desafío para millones de personas, los gremios consideran que la conectividad debe ser una prioridad nacional para promover el desarrollo económico y social de Perú.
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