La trabajadora parlamentaria Isabel Cajo, vinculada a una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso, declaró por primera vez ante los medios de comunicación y ratificó que fue víctima de un robo de celular en el distrito de Magdalena.
“Debo poner de conocimiento de las autoridades y sobre todo de la Municipalidad que no he faltado a la verdad y que, si bien dicha institución ha presentado un video de vigilancia, la persona que se observa en dicha grabación no soy yo”, afirmó en un audio divulgado este martes en el programa de la periodista Milagros Leiva.
Cajo, quien aseguró que fue atacada el 27 de diciembre del año pasado, respondió así a la comuna después de que esta expusiera registros de una cámara de seguridad y contradijera su versión. “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno como lo ha manifestado... Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”, se lee en un comunicado oficial.
No obstante, la letrada consideró que se trata de una campaña “injusta” destinada a desprestigiarla. “Lamento mucho las tergiversaciones que se han generado a mi alrededor. Solo pido, por favor, que ya no me ataquen más. Ya no quiero más burlas, no merezco lo que estoy pasando. Todo esto es muy injusto”, concluyó.
Solo días atrás, el alcalde de este distrito, Francis Allison, presentó su carta de renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso (APP), uno de los partidos más involucrados en este escándalo, que salió a la luz tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez.
Según el parte policial, Cajo relató que, mientras paseaba a su mascota y tomaba una fotografía, un hombre de contextura robusta, vestido de negro y con casco, la abordó de manera abrupta y le arrebató su móvil. El delincuente, de acuerdo con esa acta, escapó en una motocicleta.
La abogada, quien no posee el título de Bachiller, fue contratada con un salario superior a los 7.000 soles como personal de confianza en el despacho del congresista Edwin Martínez, después de ofrecer contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.
Antes de unirse al equipo de este legislador, laboró en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, señalado como el responsable de montar la presunta red en la institución del Estado.
En el mismo programa emitido por la televisora Willax, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) reveló que en la adenda del contrato de Cajo hay una parte que dice que “por disposición expresa y comunicada (...) por Oficialía Mayor autorizada por la presidencia del Congreso se mantiene la condición contractual bajo la modalidad de servicio técnico”.
“Los demás contratos no tienen ese artículo. El presidente del Congreso era Alejandro Soto, de APP. Es un documento oficial. No estoy diciendo cosas que no existen, son hechos”, agregó al mostrar el documento.
Crimen sin esclarecer
La investigación contra Torres Saravia fue abierta tras el homicidio de Andrea Vidal, quien fue asesinada en el distrito de La Victoria mientras viajaba en un taxi. Vidal, de 28 años, trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y, según informes del programa Beto a saber, podría haber estado involucrada en la presunta red de prostitución en el Parlamento.
De acuerdo con un reportaje de Hildebrandt en sus trece, el exfuncionario contrataba a mujeres sin experiencia ni los requisitos necesarios para ser asesoras o secretarias en el Parlamento, aunque en realidad trabajaban en actividades de prostitución dentro de la sede parlamentaria.
El mismo informe señaló que Torres Saravia organizaba fiestas con altos funcionarios en las que los fotografiaba y grababa. Una de las personas asociadas con estas reuniones fue Cajo, quien, tras participar en las fiestas, comenzó a laborar en el Legislativo.
Cajo habría dejado de trabajar en el Congreso tras escándalo
Isabel Cajo, presuntamente vinculada a una red de explotación sexual que habría operado en el Congreso de la República, ya no sería parte del Legislativo.
Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, que investiga la muerte de Andrea Vidal y la presunta red de prostitución, el congresista Juan Burgos informó que Cajo Salvador habría renunciado antes de finalizar diciembre de 2024.
El anuncio se dio mientras el grupo analizaba las circunstancias del robo, ocurrido en el distrito de Magdalena. El caso ha generado atención mediática por sus posibles vínculos con las denuncias de explotación sexual dentro del Congreso.
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