El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la solicitud de cese de prisión preventiva presentada por la defensa del expresentador de televisión Andrés Hurtado, implicado en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.
El exconductor había solicitado la variación de la medida cautelar al argumentar principalmente su arraigo domiciliario y sus condiciones de salud. Sin embargo, Checkley señaló que los elementos presentados por su abogado Elio Riera ya habían sido evaluados en resoluciones previas, sin aportar elementos nuevos que modificaran la situación del imputado.
Según la resolución difundida este martes por RPP, la defensa del exconductor envió documentos como el DNI de su hija menor, el acta de nacimiento y constancias de estudios, pero el magistrado concluyó que estos no constituían nuevos elementos que pudieran desvirtuar los motivos que justificaron la prisión preventiva en su momento.
Sobre las condiciones de salud de Hurtado, Checkley indicó que las enfermedades mencionadas, como diabetes e hipertensión, pueden ser tratadas “ambulatoriamente”, sin que exista justificación para que el imputado reciba tratamiento en libertad.
Hurtado se encuentra encarcelado desde octubre del año pasado y días antes de Navidad, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva por nueve meses por presuntamente haber contactado a Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, para facilitar un trámite a favor del futbolista Roberto Siucho en 2019.
De acuerdo con el periodista Alonso Ramos, la Fiscalía ha programado para este miércoles a las 11:00 horas la declaración del expresentador en el penal de Lurigancho, donde se encuentra recluido. La diligencia podría convertirse en una ocasión para que se acoja a una eventual colaboración eficaz para mitigar su situación legal.
“La colaboración eficaz no está cerrada; es una posibilidad latente y él podrá hacerlo cuando lo considere oportuno. No considero viable acogernos (a esta figura) con la información que tiene, aunque es relevante para que la Fiscalía pueda investigar a determinados funcionarios, si es que aplica“, dijo su abogado semanas atrás, cuando fue consultado al respecto.
En esta jornada, el Poder Judicial evaluará si incorpora a la Procuraduría General del Estado (PGE) como parte agraviada en el caso, luego de que haya solicitado una reparación civil de 6 millones de soles, la misma que debería ser pagada de manera solidaria por Hurtado, el empresario Javier Miu Lei, el confesor Iván Siucho y la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, todos implicados en la presunta red corrupta.
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La magistrada permanece con un mandato de 18 meses en el penal de Chorrillos, mientras que Miu Lei y Siucho enfrentan las investigaciones bajo comparecencia. Peralta ha descartado acogerse a la colaboración, pese a que se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado al empresario a cambio de un millón de dólares, y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora de Miu Lei.
Un tercer evento la implica con Hurtado en el pedido 100,000 dólares a la familia de Iván Siucho, actual confesor sincero del caso, para detener una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Al conocer el caso, Siucho entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició. El Ministerio Público tiene un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia.
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