La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio por concluida la designación de Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, cargo que desempeñaba desde 2015. Mediante una resolución difundida este domingo en el diario El Peruano, también puso fin a la designación de Isabel Galván Calle como jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y coordinadora del despacho de la Fiscalía de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y la DEA, de la Embajada de los Estados Unidos.
La fiscal superior Fany Soledad Quispe Farfán asumirá el rol de coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Además, se desempeñará como jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace en temas relacionados con el tráfico ilícito de drogas y en los esfuerzos de cooperación con organismos internacionales, como la DEA y otros vinculados.
La resolución también ordena la correspondiente entrega de cargo entre los fiscales salientes y los nuevos designados, además de notificar a las partes involucradas y a diversas instancias dentro del Ministerio Público y organismos del sistema de justicia.
“El actuar bajo una única coordinación contribuirá al deber que mantiene el Ministerio Público de garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos. Además, permitirá una mejor articulación de funciones entre los distintos despachos fiscales, maximizando el impacto positivo de sus actuaciones y asegurando una respuesta más eficiente, coherente y alineada con las demandas sociales”, se lee en el documento oficial.
Chávez Cotrina fue una voz crítica de la Ley 32108, una norma que, según diversos expertos y juristas, puede beneficiar a las bandas de delincuentes. El magistrado había señalado que la ley complica el combate a crímenes como la corrupción, la estafa y la trata de personas, debido a que exige demostrar el control de una “cadena de valor” en mercados ilegales, concepto que consideró ambiguo.
“La ley prescribe que el fin de la organización criminal tiene que ser obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal con fines de obtener un beneficio económico. Sin embargo, el legislador no explica qué es este elemento, no hay una exposición de motivos”, declaró.
Además, cuestionó que solo se consideren delitos con penas mayores a seis años, lo que excluye otros crímenes como la estafa. También señaló que complicaciones en la definición de esta norma podrían derivar en el archivo de investigaciones actuales o en el traslado de casos a fiscalías menos especializadas, debilitando la persecución del crimen.
En su crítica, enfatizó que el aumento de penas de prisión no necesariamente reduce la delincuencia y abogó por una estrategia integral contra la criminalidad, más allá de enfoques exclusivamente punitivos.
Chávez Cotrina también denunció la falta de recursos en el sistema de justicia, lo cual limita la capacidad del Ministerio Público para actuar eficazmente contra el crimen organizado. “No tenemos tecnología para leer los celulares incautados, donde se encuentran los mensajes de extorsión. ¿Cómo se puede combatir el crimen organizado si no contamos con los instrumentos necesarios?”, cuestionó.
Añadió que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional (PNP) carecen de personal y tecnología, dicha ‘carencia’ frena investigaciones fundamentales en la lucha contra la delincuencia. Según el fiscal, la escasez de personal y la falta de laboratorios de criminalística afectan la capacidad de la policía para procesar pruebas de manera efectiva.
“Cuando se detiene a delincuentes del crimen organizado, a menudo se incautan de decenas de celulares que contienen pruebas. Sin embargo, no tenemos los recursos necesarios para analizarlos y obtener la evidencia”, manifestó.
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