El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, se pronunció tras el reciente allanamiento al Congreso de la República, en el marco de las investigaciones por la posible existencia de una presunta red de prostitución.
El caso salió a la luz tras el asesinato de Andrea Vidal, ex trabajadora parlamentaria, y su presunta vinculación con el entonces jefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia. Burgos fue uno de los congresistas que alzó su voz exigiendo celeridad en las investigaciones sobre este grave caso.
En este contexto, el legislador expresó su malestar por el viaje programado del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a China. Esto ocurre justo cuando Burgos había solicitado convocar un pleno extraordinario para debatir la concesión de facultades de comisión investigadora al grupo de trabajo que preside.
Burgos también se refirió a los avances de su comisión en las indagaciones sobre la presunta red de prostitución, un oscuro escándalo que involucraría a altos funcionarios parlamentarios y que, según reportajes periodísticos, se habría originado en la Oficina Legal y Constitucional durante la gestión de Jorge Torres Saravia.
Consultado sobre la hipótesis del grupo de trabajo en torno a esta grave denuncia, Burgos indicó que considera probable la existencia de una red sexual dentro del Parlamento. Manifestó su indignación ante esta posibilidad, señalando que ello representaría un descenso de la institución legislativa a los límites del “inframundo”.
“-¿Cuál es esa teoría?- De que probablemente sí ha existido, ¿no? Tenemos que plantearnos una hipótesis. Probablemente, si ha existido esta red. Entonces, tenemos que llegar realmente a sustentarla. Sí existió. En el tiempo o desde que época existió o si no existió realmente. A mí, personalmente, me gustaría que no hubiera existido, porque eso significaría que el Congreso ha bajado a límites realmente del inframundo”, declaró para RPP.
Arremete contra Eduardo Salhuana
En otro momento de la entrevista, Juan Burgos cuestionó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por continuar con su viaje a China, a pesar de la grave denuncia que involucra a su gestión y a su partido.
“Es inaudito que en la crisis de más de 200 años. Nunca ha existido una crisis de esa naturaleza en el Congreso de la República, el señor presidente del Congreso prácticamente esté huyendo de los medios y de su responsabilidad histórica de encabezar la reestructuración de todo el sistema parlamentario”, señaló.
Para Burgos, tanto Salhuana como el Oficial Mayor, Giovanni Forno, deberían renunciar a sus cargos para garantizar mayor transparencia en las investigaciones.
Es importante mencionar que parlamentarios de diversas bancadas han comenzado a recolectar firmas para exigir la salida del Oficial Mayor y promover la censura de Salhuana.
Al respecto, el congresista de Podemos Perú señaló que no solo Salhuana debería abandonar su puesto, sino que la censura debería extenderse a todos los integrantes de la Mesa Directiva.
Diligencia en el Congreso
La Oficina de Previsión y Seguridad del Congreso de la República del Perú se convirtió en el epicentro de una diligencia judicial. El jueves 2 de enero, agentes de la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP), en conjunto con representantes del Ministerio Público, ingresaron al Palacio Legislativo para investigar una denuncia sobre una presunta red de prostitución que operaría dentro de esta institución y que podría involucrar a altos funcionarios.
El operativo, que se extendió por cerca de cinco horas, incluyó la incautación de computadoras y cajas con documentos, los cuales, según detalló el medio, pertenecen a la mencionada oficina. Este espacio es clave, ya que alberga el registro de los videos captados por las cámaras de seguridad del Congreso y funciona como centro de monitoreo.
La intervención coincidió con la expectativa generada por la conferencia de prensa que estaba programada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien, al ser consultado por los periodistas presentes, aseguró que se estaban brindando todas las facilidades necesarias para que las autoridades pudieran realizar las diligencias correspondientes.
“También están haciendo diligencias vinculadas a las videocámaras y a alguna documentación, que si ellos consideran, incautarán o decomisarán. Eso ya es decisión de ellos, pero nosotros brindamos todas las facilidades”, expresó Salhuana.
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