La Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá, el próximo viernes 27 de diciembre, proyectos de ley referentes a cambios en el sistema penitenciario, regulación de impuestos, entre otros temas.
Como se recuerda, el Pleno del Parlamento aprobó el viernes 13 una resolución legislativa que delega a este grupo la facultad de legislar desde el lunes 16 hasta el sábado 28 del mismo mes.
La próxima sesión comenzará a las 9:00 horas y será semipresencial, de acuerdo con la citación dispuesta por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
Entre los dictámenes que se discutirán está el proyecto de ley 7041 que propone modificar el Decreto Legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta, y así regular el pago de impuestos por arrendamiento de inmuebles, más conocido como arrendamiento justo.
También los proyectos de ley 1348 y 2268 que propone cambiar aspectos del Código Penal relacionados con la implementación de cárceles productivas. De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida de los internos.
En ese sentido, también hay iniciativas orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, reducir el hacinamiento; modificar el cálculo del reparto de las utilidades a favor de los trabajadores de menores ingresos, ampliar el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de empresas industriales eléctricas, etc.
Por otra parte, está agendado el dictamen del Proyecto de Ley 6096, que modifica la Ley de Concesiones Eléctricas; la propuesta 7588, que cambia la norma complementaria a la Ley de Protección del Consumidor en materia de servicios financieros.
Finalmente, entre los temas a tratar está la iniciativa que busca implementar los Sistemas de Medición Inteligente (SMI) en beneficio de los usuarios y elimina el cobro de reconexión por corte de servicio de energía eléctrica.
Congreso: trabajadores habrían registrado parejas ficticias
Un informe reciente de la Contraloría General de la República ha revelado un esquema de irregularidades dentro del Congreso de la República del Perú, en el que 18 trabajadores habrían registrado a parejas ficticias como cónyuges para obtener beneficios del seguro de salud privado (EPS). Este fraude, que implicó el uso de documentación falsa, generó un perjuicio económico estimado en más de 1,7 millones de soles (aproximadamente 450.000 dólares estadounidenses), según detalló el medio Infobae.
El reporte señala que los empleados involucrados, pertenecientes a diversas oficinas de comisiones especiales y despachos congresales, inscribieron a estas supuestas parejas en el sistema de beneficios del seguro EPS, gestionado por la empresa Rímac Seguros. Sin embargo, las investigaciones determinaron que las personas registradas como cónyuges en realidad estaban casadas con terceros, lo que evidencia el uso de información falsa para acceder a los beneficios.
La falta de controles efectivos en el área de Recursos Humanos del Congreso permitió que estas irregularidades se llevaran a cabo. La oficina no detectó las inconsistencias en los documentos presentados, lo que facilitó que los trabajadores implicados burlaran los requisitos legales para inscribir a sus supuestas parejas.
El impacto económico de este esquema fraudulento es significativo. Según el informe de la Contraloría, el monto total del perjuicio asciende a 1.713.029,03 soles, una cifra que representa un gasto injustificado de recursos públicos provenientes de los contribuyentes peruanos.
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre la gestión de Recursos Humanos en el Congreso peruano. Esta oficina ha sido objeto de críticas por la contratación de personal con antecedentes cuestionables o sin la experiencia necesaria para ocupar cargos clave. Un ejemplo citado es el de Jorge Torres Saravia, quien fue contratado a pesar de tener denuncias previas en su contra.
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