En el 2024 se dieron las primeras señales de que la Souther Copper Corporation tenía previsto reactivar el proyecto minero Tía María, el cual busca establecer una mina de cobre en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa. Inicialmente se dio a conocer que se prevía empezar a construirse a finales de este año o en la primera mitad de 2025, según declaró en su momento el vicepresidente de finanzas Raúl Jacob.
Sin embargo, mientras estuvo el ex Primer Ministro Alberto Otárola en su cargo, el Gobierno no dio muchas señales de que este estuviera en agenda de algún modo. Cuando entra Rómulo Mucho, exministro de Energía y Minas, en el gabinete de Gustavo Adrianzén es cuando se menciona el interés del gobierno. Ahora, el nuevo titular de la cartera, Jorge Luis Montero, en una de sus primeras entrevistas, ha resaltado que el proyecto se encuentra en la “ruta correcta”,
Tía María tendría respaldo del Gobierno
Asimiso, el ministro ha revelado que se encuentra conversando con dirigentes y autoridades de la zona del río Tambo, mostrando así que Tía María es un proyecto que cuenta con el interés del Gobierno hacia el siguiente año. Según el funcionario, ve que hay también interés en cómo el proyecto ayudaría a la zona, pero sin dejar de lado las preocupaciones de siempre.
Sin embargo, el ministerio no plantearía solo buenos deseos para Tía María, sino que el titular del Minem ha revelado que tienen el interés de acompañar en el diálogo para que el proyecto tenga la licencia social en la zona; a diferencia de hace un año, donde representantes del Ejecutivo, como el exministro Alex Contreras, solo refería que era una cuestión de la empresa lograr esta aprobación.
Licencia social pendiente
Como se recuerda, el proyecto Tía María ha enfrentado oposición durante más de una década debido a temores sobre su impacto ambiental. Estos tuvieron lugar luego de que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) diera a conocer que realizó 138 observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto concesionado a Southern Cooper. Asimismo, las protestas entre 2011 y 2015 resultaron en la muerte de siete personas (seis civiles y un miembro de la Policía). Posteriormente, en 2019, nuevas protestas llevaron al gobierno a suspender la licencia de construcción por 120 días y acordar con Southern Copper que el proyecto solo avanzaría cuando las condiciones sociales fueran favorables.
Ante este escenario y sin la licencia social, es decir, el consentimiento de los vecinos de la zona alrededor del proyecto, el ministro es claro: “Las poblaciones otorgan su anuencia, o licencia social, le dan la bienvenida a los proyectos mineros. No al Estado. Por eso es importante que las empresas mineras participen en el diálogo de una manera transparente, contundente y decidida”, advierte.
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