El Congreso de la República anunció la conformación de una Comisión Ad Hoc destinada a investigar al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Luis Torres Saravia, en relación con denuncias que involucran presuntas irregularidades administrativas y delitos graves por ser señalado como líder de una presunta red de prostitución dentro del Parlamento.
Mediante una resolución oficial, el Congreso designó a los integrantes de la Comisión Ad Hoc, que será responsable de instruir el proceso administrativo disciplinario contra Torres Saravia. La comisión estará presidida por Patricia María Durand Vásquez, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones, e incluirá a Flor de María Carrillo Tello, profesional de la Oficialía Mayor, y Natalia Giselle Escudero Rodríguez, profesional de la Dirección General Parlamentaria.
Esta comisión se encargará de recibir los descargos e informes orales de Torres Saravia en relación con las faltas graves que se le imputan, conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo del Congreso. Según las disposiciones, el exfuncionario tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos a través de los canales oficiales.
Reorganización de la Oficina Legal y Constitucional
En paralelo, el Congreso ha declarado la reorganización integral de la Oficina Legal y Constitucional. Como parte de esta medida, se ha dispuesto la remoción de todo el personal contratado a plazo fijo y se procederá a la designación de un nuevo titular, cuya selección se basará en criterios de alta calidad profesional. Esta decisión busca restaurar la confianza en la gestión de dicha oficina y garantizar el cumplimiento de las normas internas.
El comunicado del Congreso resalta que estas acciones responden a su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes, incluidas las comisiones parlamentarias y el Ministerio Público, para investigar y sancionar cualquier acto ilícito.
Entrega de documentación e investigaciones internas
Entre las medidas adoptadas, el Congreso remitió 28 expedientes físicos de servidores de la Oficina Legal y Constitucional a la Oficina de Auditoría Interna. El objetivo es que se realicen las denuncias penales pertinentes en casos de presuntas adulteraciones en licencias, permisos y registros de vacaciones.
Asimismo, se ha enviado el acervo documentario solicitado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en cumplimiento del Oficio 678-2024. Estas acciones refuerzan la disposición del Congreso para contribuir con las investigaciones en curso sobre posibles irregularidades administrativas y corrupción.
Antecedente de las denuncias
Las acciones emprendidas por el Congreso están fundamentadas en denuncias públicas emitidas en un reportaje televisivo del programa “Beto a Saber”, transmitido por Willax Televisión. En dicho reportaje, emitido el 12 de diciembre de 2024, se mencionaron acusaciones graves contra Jorge Luis Torres Saravia, relacionadas con presuntos actos de corrupción, prostitución y asesinato.
El informe periodístico detalló, entre otros hechos, la supuesta implicación de Torres Saravia en un atentado contra Andrea Jazmín Vidal Gómez, quien habría sido atacada a balazos por su conocimiento de prácticas ilícitas que se habrían llevado a cabo dentro del Congreso. Además, se aludió a la existencia de un audio en el que Torres Saravia, presuntamente, admitía ciertas conductas ilícitas.
En respuesta a esta información, el Departamento de Recursos Humanos del Congreso remitió los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica para una precalificación sobre las denuncias. Posteriormente, se emitió una resolución que dispone el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Torres Saravia, considerando las faltas graves tipificadas en el Reglamento Interno de Trabajo y el Decreto Supremo N° 003-97-TR.
Disposición a las investigaciones
El Congreso subrayó en su comunicado que seguirá brindando todas las facilidades al Ministerio Público y a otros organismos competentes para esclarecer los hechos. Las decisiones adoptadas forman parte de un esfuerzo por reforzar los principios de integridad y transparencia institucional en medio de las graves acusaciones que afectan la imagen de la entidad legislativa.
Esta investigación se suma a una serie de medidas correctivas implementadas por el Congreso para garantizar el cumplimiento de las normativas y la sanción de conductas que contravengan los valores institucionales. La opinión pública y los organismos encargados del control siguen atentos al desarrollo de este caso.
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