
El Congreso de la República envuelto en una nueva polémica. Tras revelarse la existencia de una presunta red de prostitución que involucra a congresistas y otros trabajadores parlamentarios, la transparencia e idoneidad con la que funciona la institución se ha puesto en duda, otra vez.
La oficina de Recursos Humanos fue una de las más criticadas, por las contrataciones a personas como Jorge Torres Saravia, con denuncias previas, o colaboradoras que no pueden acreditar experiencia necesaria, como es el caso de Isabel Cajo, quien gana más de 7 mil soles sin tener título de bachiller.

A esto se suma un informe de la Contraloría General de la República que detectó un perjuicio económico cercano a un millón de soles al Estado. En esta irregularidad están implicados 18 trabajadores del Parlamento que habrían registrado indebidamente a sus parejas como cónyuges para acceder a beneficios del Seguro EPS.
La falta de fiscalización permitió que los trabajadores registraran, con falsos requisitos legales, a sus parejas, haciendo que el Congreso pague a la empresa Rímac por estos seguros. Los trabajadores implicados pertenecen a oficinas de comisiones especiales y despachos congresales.
Según los hallazgos, las personas inscritas, en realidad, están casadas con terceros. La Contraloría estima que el perjuicio total al Estado asciende a S/ 1,713,029.03, una cifra significativa que sale del bolsillo de todos los peruanos.

El exoficial mayor del Congreso, José Eliche, calificó el caso como una situación que debe ser investigada a fondo por el área de control y administración del Parlamento. “Primero, es necesario determinar cómo ocurrió esta irregularidad. Se deben citar a las personas involucradas para que rindan su manifestación, y, en caso de encontrar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes”, declaró a Panamericana.
La relevancia de esta denuncia no solo destaca en el impacto económico, sino en la mala imagen que genera a una institución ampliamente rechazada y que constantemente es criticada por el mal manejo de sus recursos.
Rechazo
Esta situación pone en evidencia el derroche del Parlamento, que contrasta con el pésimo servicio de salud que sufren los peruanos.
Escándalos de este tipo solo incrementan el rechazo de la ciudadanía hacia la institución y sus representantes. En lo que va del 2024, al menos tres parlamentarios fueron agredidos en lugares públicos.

El último caso fue el del congresista Alejandro Cavero, quien tuvo un altercado en una conocida fiesta. Cavero terminó sin lentes, con el polo roto y tuvo que retirarse del lugar.
Una situación similar vivió Patricia Chirinos, quien fue expulsada de un conocido bar en Barranco ante los gritos de los asistentes.
Presupuesto y excesos
Hay que recordar que el Congreso de la República decidió aumentar de manera notable el presupuesto que el gobierno de Dina Boluarte había proyectado para el 2025. Según el proyecto inicial de la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo había asignado S/ 846.2 millones al Parlamento para el próximo año fiscal. Sin embargo, la Mesa Directiva del Congreso tomó la determinación de incrementar esta cifra, sumando aproximadamente S/ 600 millones adicionales al monto propuesto por el gobierno.
Los acuerdos de la Mesa Directiva han beneficiado a los congresistas, quienes este fin de año, recibirán alrededor de 47 mil soles de remuneración, entre aguinaldo, bonos y otros beneficios.

De hecho, el portal del Parlamento señala que los trabajadores parlamentarios recibirán una Tarjeta Electrónica por Consumo, como aguinaldo, y que cada una tiene un valor de más de S/ 1 800.
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