La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles una ley promovida por el Congreso que “busca reforzar el principio de presunción de inocencia y ofrecer mayor protección” al personal de la Policía Nacional (PNP) y que, en su momento, desató críticas de quienes consideran que favorece la impunidad para los agentes.
Una de las modificaciones más destacadas establece que las personas mayores de ochenta años, por razones humanitarias, cumplirán su condena conforme a los artículos 288 o 290 del Nuevo Código Procesal Penal, los cuales contemplan medidas como la vigilancia electrónica o la detención domiciliaria.
El texto, publicado en el diario oficial El Peruano, reafirma que el juez de la investigación preparatoria puede dictar un mandato de detención preliminar a solicitud del fiscal, para lo cual se requiere una resolución motivada y basada en actuaciones previas. De igual modo, limita la capacidad del fiscal y del juez para dictar detención preliminar o prisión preventiva cuando los policías, “en el ejercicio de su función y uso reglamentario de armas”, causen lesiones o muertes.
Además, se incorporan los artículos 261-A y 268-B, que refuerzan estas restricciones al prohibir al fiscal solicitar medidas preventivas contra el personal policial bajo las mismas circunstancias. La norma lleva la firma de la jefa de Estado y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
En noviembre pasado, el pleno del Congreso aprobó con 94 votos a favor esta iniciativa legislativa, que fue exonerada de una segunda votación en un pleno centrado en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El legislador Alfredo Pariona, de Perú Libre, propuso que la iniciativa regrese a la Comisión de Justicia para un análisis más profundo, aunque su propuesta no fue respaldada.
La congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú, señaló que la ley no favorece la lucha contra el sicariato ni la delincuencia, sino que protege a “malos elementos”de la institución policial y consideró que algunos agentes precisados por las muertes en manifestaciones antigubernamentales podrían quedar impunes con esta ley.
“Estamos en un país todavía en duelo, que no ha terminado por dilucidar qué ocurrió con estos casi 50 asesinatos en las protestas durante el primer año de gobierno de la señora [presidenta Dina] Boluarte. Ahora se dice que se va a investigar al policía, pero que lo va a afrontar en total libertad, y que incluso Boluarte anuncia que eso se va a ver en fueros ajenos al fuero común, me suena a blindaje”, dijo.
Por su parte, la congresista Ruth Luque, de la misma bancada, advirtió que las modificaciones al Código Procesal Penal podrían afectar la independencia del Ministerio Público, y que el proyecto en su conjunto podría evitar que se pidan explicaciones cuando se abusa de las atribuciones policiales.
En contraparte, el parlamentario fujimorista Víctor Flores, aseguró que la ley no otorga impunidad a los policías. “El policía que abate a un delincuente haciendo uso de su arma de reglamento, con todos los atenuantes y la Constitución en la mano, simple y llanamente estarán exentos de una detención preliminar o preventiva, nada más. El resto, si hay algún elemento de culpabilidad o negligencia, tiene que ser juzgado obligatoriamente”, expresó.
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