El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció por la situación judicial de algunas personas en calidad de prófugos. Esta vez, evitó referirse a algún nombre en particular, pero precisó que todas y todos deben “ponerse a derecho”, según la disposición del juez.
En las últimas horas, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta pasó a la clandestinidad tras el cambio de comparecencia con restricciones a prisión preventiva por 18 meses. Una situación parecida en la que se encuentra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por el caso de ‘Los Waykis en la sombra’ al ser calificado como “no habido”.
A esto se le suma el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien desde la clandestinidad se pronuncia sobre la coyuntura política. “Una persona que tenga un problema judicial debe ponerse a derecho y debe defenderse”, señaló Arévalo a RPP Noticias.
Además, señaló que no existe la expresión de “ponerse en buen recaudo” frente a una orden judicial.
Prófugos de la justicia
La fiscal Elizabeth Peralta es acusada de haber recibido un millón de dólares de parte del empresario minero Javier Miu Lei a través de Andrés Hurtado. El exconductor de televisión habría sido la persona encargada de obtener el dinero con la finalidad de devolver el oro al empresario.
Además, Miu Lei habría buscado que la fiscal influyera para que se le abriera una investigación contra la empresa Paltarumi. Fue Iván Siucho Neira quien relató estas implicancias que complicaron la situación de la abogada.
Por su parte, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, enfrenta una orden de prisión preventiva por 36 meses, según decidió el juez Richard Concepción Carhuancho. La medida fue solicitada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en el marco del caso conocido como ‘Waykis en la sombra’. Boluarte Zegarra es acusado de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El juez argumentó que, aunque Boluarte tiene arraigo familiar, no pudo demostrar arraigo domiciliario, laboral ni económico. Esto, sumado a factores de peligro de fuga y perturbación de la actividad probatoria.
La Fiscalía sostiene que Boluarte habría liderado una organización criminal, aprovechando su influencia derivada de la mandataria para colocar a personas afines en puestos clave.
El objetivo presunto era asegurar aportes económicos y fichas de afiliación para fortalecer políticamente al partido ‘Ciudadanos por el Perú’, además de obtener beneficios económicos a través de contrataciones en entidades estatales.
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