“Tenemos temor de acudir a la Inspectoría”: denuncian corrupción en la Policía tras caso de Sheyla Cóndor

Tras el presunto feminicidio de Sheyla Cóndor, cuyo caso generó una fuerte conmoción, surgieron serias críticas hacia la Policía Nacional del Perú. La joven, de 26 años, había sido reportada como desaparecida por sus padres, pero la denuncia presentada fue desatendida por los efectivos policiales. Posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida, y el principal sospechoso de su muerte es el suboficial de tercera Darwin Marx Condori Antezana. Este hecho acentuó los cuestionamientos hacia la institución, especialmente al revelarse que el suboficial había estado involucrado en un caso grave de violencia sexual el año anterior, situación que debió haber motivado su retiro.

José Palacios, abogado penalista y director de La Voz del Policía, denunció que la corrupción ha sido un problema recurrente dentro de la PNP durante décadas. Según él, los actos irregulares de la institución y de la Inspectoría General se hicieron evidentes al conocerse que Darwin Condori continuó prestando servicio, a pesar de sus antecedentes por abuso sexual y violencia. Condori fue señalado por su presunta participación en una violación grupal ocurrida en el mismo departamento donde fue encontrado el cuerpo de Sheyla.

“Existen actos de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú y de la propia Inspectoría General. Nosotros, los policías, tenemos temor de acudir a la Inspectoría, no para que se administre justicia administrativa, sino para que no se nos cobre”, afirmó Palacios en una entrevista con Exitosa.

Palacios, con más de 30 años de carrera en la policía, indicó que ha sido testigo de innumerables actos de corrupción. Explicó que, cuando un efectivo denuncia corrupción, muchas veces la Inspectoría opta por proteger al acusado, en lugar de tomar medidas disciplinarias.

Darwin Condori tuvo que ser sometido a proceso disciplinario

En este sentido, subrayó que Condori Antezana debió haber enfrentado un proceso disciplinario, especialmente por los hechos previos al asesinato de Sheyla, que afectaron la imagen institucional de la PNP. Atribuyó la responsabilidad de esta falta de protección a la cúpula policial, en particular al comandante general PNP, Víctor Zanabria Angulo, y al alto mando.

Critica que comisaría no haya atendido denuncia de desaparición

En cuanto a la denuncia de desaparición de Sheyla, criticó el mal accionar de los efectivos policiales que no gestionaron el caso a pesar de contar con indicios sobre la ubicación de la joven en el departamento del principal sospechoso. Palacios señaló que la negativa de los agentes a atender la denuncia podría ser considerada abuso de autoridad, omisión de funciones y violación al Código Penal Policial.

“Esto es un mal accionar de algunos efectivos policiales. No voy a generalizar porque hay buenos efectivos policiales que ponen el pecho día a día en las calles. Sin embargo, este accionar es completamente ilegal, arbitrario y abusivo”, precisó.

El abogado explicó que cualquier ciudadano tiene el derecho de presentar una denuncia en cualquier dependencia policial, ya sea de Tránsito, Dirandro, Salvataje, entre otras. Los efectivos tienen la obligación de registrar la denuncia, y de no hacerlo, podrían enfrentar una sanción de 10 días de rigor, según la Ley de Régimen Disciplinario (Ley 30714). Además, los efectivos deben trasladar al denunciante a la dependencia más cercana para formalizar la denuncia.

“Nuestra ley de régimen disciplinario es muy drástica: son 10 días de rigor para un efectivo que se niegue a recibir una denuncia o que no registre la denuncia en el sistema, hasta 10 días de rigor. El procedimiento es ese: cualquier ciudadano debe ir a cualquier dependencia policial y decir ‘señor, quiero hacer una denuncia’, y los efectivos encargados no tienen que decirle que ‘esta no es tu jurisdicción’ o ‘no vives por acá’; tienen que darle todas las facilidades a los ciudadanos para que presenten la denuncia”, recalcó.

En caso de que un policía se niegue a atender una denuncia, Palacios recomendó a los ciudadanos solicitar el libro de reclamaciones y grabar los hechos para contar con evidencia.