El Poder Judicial ha ordenado la captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras dictar 36 meses de prisión preventiva. Esta medida se tomó después de que Boluarte Zegarra no se presentara, ni de manera presencial ni virtual, a la audiencia del 18 de noviembre.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, determinó que Nicanor Boluarte no pudo acreditar arraigo domiciliario ni laboral, lo que representa un riesgo para las investigaciones en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.
Esta falta de arraigo fue uno de los factores que llevó al juez a dictar la prisión preventiva, según se detalla en la resolución judicial.
El abogado de Boluarte, Luis Vivanco, declaró ante el juez que no ha podido localizar ni comunicarse con su cliente, lo que ha complicado aún más la situación legal de Boluarte Zegarra. Ante esta situación, se ha solicitado la notificación a nivel nacional e internacional, incluyendo a Interpol, para proceder con su captura.
Además de Nicanor Boluarte, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por 36 meses para otros investigados en el mismo caso: Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez. Las defensas de los cuatro implicados han presentado recursos de apelación contra el fallo emitido por el magistrado, mientras que la Fiscalía ha expresado su apoyo a la decisión judicial.
La prisión preventiva comenzará a regir una vez que Nicanor Boluarte sea capturado, según lo estipulado en la resolución.
“Es una decisión humana”
El paradero de Nicanor Boluarte es incierto tras la orden de prisión preventiva dictada en su contra. Según su abogado, Joseph Campos, esta medida es inconstitucional y responde a un juicio preconcebido por parte del juez Richard Concepción Carhuancho. La decisión judicial implica 36 meses de prisión preventiva para Boluarte, quien enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’.
Durante una entrevista con Canal N, Campos expresó que la decisión del juez no fue sorpresiva, ya que Concepción Carhuancho había manifestado previamente su opinión sobre el caso en una de sus clases de derecho. El abogado argumentó que el juez había sido solicitado para apartarse del caso debido a su predisposición, pero esto no ocurrió. Además, Campos también cuestionó la participación del Ministerio Público en el proceso.
En cuanto a la situación de su cliente, Campos afirmó desconocer su paradero actual. Sin embargo, sugirió que la ausencia de Boluarte en las audiencias recientes podría interpretarse como un intento de proteger su libertad, calificando esta acción como una “decisión humana”. El abogado enfatizó que no ha tenido participación alguna en un posible escape de su defendido.
Campos criticó la decisión judicial, calificándola de “show” y reiterando que no se consideraron adecuadamente los argumentos presentados en defensa de Boluarte. La controversia en torno a este caso ha generado un debate sobre la imparcialidad del sistema judicial peruano y la influencia de opiniones personales en decisiones legales.
El juez Concepción Carhuancho argumentó que, aunque Boluarte Zegarra tiene arraigo familiar, no pudo demostrar arraigo domiciliario, laboral ni económico. Esto, sumado a factores que sugieren un riesgo de fuga y la posibilidad de que interfiera con la investigación, llevó al juez a considerar la prisión preventiva como una medida proporcional y necesaria. “En libertad es bien probable que ponga en serio riesgo el éxito del proceso”, afirmó el juez.
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