Abogado de Nicanor Boluarte lamenta decisión de su cliente de pasar a la clandestinidad y califica de “inaceptable” prisión preventiva

El abogado de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, mencionó que lamenta la decisión de su cliente de pasar a la clandestinidad, luego de que el Poder Judicial impusiera 36 meses de prisión preventiva con él.

“Hemos avanzado a una sociedad autoritaria que construye un mundo (...) de buenos y malos, cuando los estados constitucionales existen solamente inocentes y culpables, y los inocentes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, dijo en declaraciones a Infobae Perú.

Sobre el pedido de la Fiscalía de tres años de internamiento en un establecimiento penitenciario, lo calificó como un “comportamiento autoritario” por parte de algunas autoridades. “No se puede aceptar que un fiscal pida tres años para investigar a costa de la libertad de la persona. No puede ser. Eso no se puede tolerar”, aseveró.

Por ello, cuestionó: “¿Quién le recupera esos tres años a la persona que sufrió prisión? Si luego lo declaran o lo absuelven o no, le pueden establecer la responsabilidad”.

“Esta práctica del Ministerio Público de pedir tres años para que metan a una persona en prisión para saber, luego de tres años, si debería estar en prisión. Eso es inaceptable en las sociedades democráticas y las sociedades constitucionales”, añadió.

Orden de captura nacional e internacional

El Poder Judicial ordenó la captura nacional e internacional del hermano de Nicanor Boluarte, luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Boluarte Zegarra enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’. La medida se implementó tras su ausencia en la audiencia del 18 de noviembre, tanto de manera presencial como virtual.

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, determinó que Boluarte no pudo demostrar arraigo domiciliario ni laboral, lo que representa un riesgo para las investigaciones en curso. Esta falta de arraigo fue uno de los factores determinantes para dictar la prisión preventiva, según la resolución judicial.

El abogado de Boluarte, Luis Vivanco, manifestó ante el juez que no ha logrado localizar ni comunicarse con su cliente, lo que ha complicado aún más la situación legal de Boluarte Zegarra. Ante esta situación, se ha solicitado la notificación a nivel nacional e internacional, incluyendo a Interpol, para proceder con su captura.

Además de Nicanor Boluarte, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por 36 meses para otros investigados en el mismo caso: Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez. Las defensas de los cuatro implicados han presentado recursos de apelación contra el fallo emitido por el magistrado, mientras que la Fiscalía ha expresado su apoyo a la decisión judicial.

¿Quiénes conforman ‘Los Waykis en la sombra’?

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, ‘Los Waykis en la sombra’ buscaban consolidar un poder político a través del control de designaciones de prefectos y subprefectos. Según la Fiscalía, a cada uno de estos miembros se le habría exigido pagos a cambio de ser nombrados en sus cargos, siendo Cajamarca la región más afectada. La lista completa de los involucrados son los siguientes:

• Nicanor Boluarte (con prisión preventiva por 36 meses): Hermano de la presidenta Dina Boluarte, señalado como líder de la red.
• Mateo Castañeda: Exabogado de Dina Boluarte, acusado de ser el “brazo legal” de la organización.
• Jorge Luis Ortiz Marreros (con prisión preventiva por 36 meses): Exdirector de Gobierno Interior, quien habría aprobado los nombramientos gestionados por la red.
• Zenovia Griselda Herrera Vásquez (con prisión preventiva por 36 meses): Encargada de proponer candidatos para ocupar cargos estratégicos.
• Jorge (con prisión preventiva por 36 meses) y Noriel Chingay Salazar: Coordinadores en Cajamarca, acusados de solicitar pagos ilícitos por designaciones.