Por medio de un comunicado, el Frente de Defensa del Pueblo Ayacucho (Fredepa) aseguró que si un ciudadano fallece durante el paro que se realizará entre el 13 y 15 de noviembre, que coincide con la fecha del foro APEC en Lima, y el Congreso no archiva el proyecto de ley 5525, y no derogan las leyes 32108, conocida como la Ley de Crimen Organizado, y 32130, se radicalizarán las medidas.
En ese sentido, mencionan que impedirán que los Juegos Bolivarianos y la conmemoración por la Batalla de Ayacucho “sean eventos que laven la cara (....) de la dictadora Dina Boluarte, el Congreso de la República, y los incompetentes del Gobierno Regional de Ayacucho y municipios”.
“Dina Boluarte está preparando las condiciones para mantener el status quo, quedarse en el poder e impedir que sus aliados del Congreso sean cuestionados, por lo que busca reforzar las contrareformars que afirman la militarización del país con tropas extranjeras y nacionales y de esta manera creer que podrá impedir que los pueblos se levanten”, se lee en el texto.
No obstante, desde el Poder Ejecutivo ya han explicado que el ingreso de militares foráneos no corresponde a un intento de resguardar la seguridad interna, sino que es circunstancial por el foro de APEC
Adoptarán una nueva ruta para protestas
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) anunció que la estrategia del próximo paro nacional en Perú, programado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, será diferente a las protestas anteriores. En esta ocasión, las manifestaciones no se dirigirán al Congreso de la República, como se había hecho en protestas previas, sino que adoptarán una nueva ruta.
El paro coincide con la celebración del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2024, que se llevará a cabo en Miraflores. La Coordinadora Nacional de Lucha, que agrupa a más de 300 gremios y organizaciones sociales, ha convocado esta medida de fuerza para visibilizar ante los líderes mundiales la crítica situación de inseguridad que enfrentan los ciudadanos peruanos, marcada por una ola de extorsiones y sicariatos.
Valeriano explicó que, junto a otras organizaciones sociales, se busca la derogación de la Ley 32108, conocida como la Ley del crimen organizado, además de abordar otros temas en la agenda de demandas.
A pocos días de que se lleven a cabo estas nuevas jornadas de protesta, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) confirmó su participación, por lo que se adherirá a la medida de fuerza que ha logrado reunir a más de 230 gremios.
Defensoría del Pueblo se pronuncia
La Defensoría del Pueblo de Perú expresó su oposición a las protestas convocadas por transportistas y otros gremios durante el foro de APEC que se llevará a cabo en Lima.
Según un comunicado emitido por la institución, encabezada por Josué Gutiérrez, estas manifestaciones buscan “destruir la viabilidad del desarrollo de nuestras infraestructuras estratégicas”, refiriéndose al nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez y al puerto de Chancay.
Instaron a los peruanos a adoptar una actitud responsable y a promover la unidad nacional en este contexto. La institución señala que, aunque el derecho a la protesta es un bien jurídico constitucional, también existe la obligación de contribuir al interés nacional, lo cual consideran imperativo en el actual momento histórico.
El comunicado también menciona la falta de liderazgo y el debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país como factores que agravan la situación. La Defensoría del Pueblo se compromete a visibilizar las amenazas que, según ellos, buscan perturbar y manipular al pueblo peruano en contra de su propio bienestar.
“A las grandes expectativas sociales y económicas, todas absolutamente legítimas, debemos reconocer que estamos frente a una falta de liderazgo, y sumado a ello, a un debilitamiento sistemático de la institucionalidad democrática del país”, sostienen.
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