El Primer Despacho del Equipo Especial del Ministerio Público en Perú ha solicitado al Poder Judicial la suspensión del cobro de peajes en la concesión de la Línea Amarilla, un proyecto administrado por Lima Expresa, en el marco de las investigaciones relacionadas con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la constructora brasileña OAS.
La medida, presentada por el fiscal José Domingo Pérez, busca paralizar por un año el cobro de peajes en varios puntos clave de la ciudad, incluyendo la Vía de Evitamiento, Monterrico y Ramiro Prialé. La petición se enmarca en la investigación del caso Lava Jato y en las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de esta vía durante la gestión de Villarán. La Fiscalía argumenta que el contrato de concesión de la Línea Amarilla habría sido extendido de 30 a 40 años mediante acuerdos presuntamente ilícitos que habrían beneficiado a la empresa OAS, con el supuesto objetivo de financiar una campaña política para evitar la revocatoria de Villarán.
En el marco de esta solicitud, la Fiscalía también propone que la Empresa Municipal de Peajes S.A. (Emape S.A.), dependiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, asuma la administración temporal de los peajes, bajo la figura de una administración judicial de los bienes asociados a la concesión. Esta solicitud, según argumenta el Ministerio Público, apunta a “poner término a las pretensiones de Lima Expresa de beneficiarse de manera indebida” con el cobro de tarifas ajustadas a través de acuerdos no oficiales.
Respuesta de Lima Expresa
Lima Expresa emitió un comunicado reiterando que opera bajo un contrato “vigente y legítimo” con la Municipalidad de Lima y cumpliendo con las leyes peruanas. La concesionaria subrayó que la solicitud de la Fiscalía no constituye una sentencia, sino un pedido de medida preventiva, y enfatizó que continuará operando conforme a los términos de su contrato, mientras el caso se desarrolla en instancias judiciales.
La empresa señaló que responderá a la solicitud del Ministerio Público a través de canales formales y exhortó a las autoridades judiciales a respetar las garantías constitucionales en el manejo del caso. Lima Expresa argumentó que la seguridad jurídica es esencial para el desarrollo de la inversión privada en el país y que el respeto a los derechos de concesionarios y operadores es crucial para mantener la estabilidad en el sector.
El pedido del fiscal Pérez, presentado bajo el artículo 313 del Código Procesal Penal, se basa en las acusaciones de un supuesto beneficio indebido otorgado a la concesionaria. La investigación incluye la transferencia de recursos de OAS a la campaña de Villarán, por un monto estimado en cuatro millones de dólares, un financiamiento que la Fiscalía sostiene estaba condicionado al ajuste del contrato de concesión.
El desarrollo del caso mantiene en alerta tanto a las autoridades como a las entidades empresariales, dado el impacto potencial de esta decisión en el ámbito de las concesiones y las inversiones privadas en infraestructuras clave en Lima.
¿Cuáles serán las zonas en las que se dejaría de pagar?
En caso de que el Poder Judicial acoja la solicitud del fiscal José Domingo Pérez el próximo 21 de noviembre a las 11:00 horas, los conductores dejarían de pagar peajes en las siguientes zonas:
- Sección 1: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Prialé.
- Sección 2: Peaje Estadio, Peaje Ejército y Peaje Huánuco
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