Los hospedajes y arrendatarios deberán registrar los datos de las personas extranjeras que contraten estos servicios de residencia, indicó el superintendente de Migraciones, Armando García Chunga.
De acuerdo al funcionario, las modificaciones a la normativa aprobada por Decreto Supremo disponen que se deberá exigir un documento de viaje o identidad a estos ciudadanos foráneos, ya sea un carné de extranjería u otro.
“Tenemos que fortalecer la necesidad de que el ciudadano extranjero que se quiera quedar en nuestro país deba estar debidamente identificado, con un documento reconocido por el Estado peruano, con un documento que además avale que ese reconocimiento ha pasado por diversos filtros, como Interpol, antecedentes, requisitorias”, sostuvo en entrevista con TVPerú.
¿Cuál será el plazo y las multas?
La Superintendencia Nacional de Migraciones pondrá a disposición de los hospedajes y arrendatarios una plataforma digital gratuita para que hagan este registro en un plazo de 30 días hábiles.
Los recintos que no cumplan con esta nueva obligación serán sancionados con multas de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), que equivale a 10 mil 300 soles. Entre las infracciones se encuentran no pedir los documentos de identidad y no poner adecuadamente la información en la web.
García Chunga también explicó que los establecimientos tendrá la posibilidad de “interoperar con la plataforma”, para no solo registrando al huésped, sino también verificar si su documento emitido por Migraciones se encuentra vigente o no.
Por otro lado, dijo que en las próximas semanas empezarán a emitirse las normas respecto a los contratos de trabajo, otra de las medidas que anunció la presidenta Dina Boluarte, las cuales fueron duramente criticadas por especialistas por ser discriminatorias contra una nacionalidad en específico, en este caso, la venezolana.
Expertos en desacuerdo con medidas de Boluarte
En conferencia de prensa, luego de permanecer más de 100 días sin declarar a la prensa, Dina Boluarte anunció una serie de modificaciones normativas dirigidas a los venezolanos residentes en el Perú. Expertos consultados por Infobae Perú advirtieron que lo dicho por la mandataria fomenta discursos de odio y xenófobos.
“Alientan discursos que ampliamente han sido convocados a ser combatidos desde las Naciones Unidas, desde el sistema interamericano”, explicó Gabriel Vergara, especialista de Protección en VeneActiva.
Como se recuerda, la jefa de Estado dijo que “a los señores que alquilan sus domicilios, tengan cuidado a quiénes alquilan” y que iban a trabajar de la mano con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para “controlar a los que alquilan”.
Por ejemplo, aseguró que se iba a exigir “a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler”.
Para Gabriel Vergara, este tipo de acciones solo generan que la informalidad, que alcanza hasta el 70%, siga aumentando.
“En nuestro ordenamiento jurídico no existe de algún tipo de formalidad que especifique la forma en la que tienen que realizarse los contratos de alquiler, entonces solicitarla para una determinada nacionalidad es cuanto menos discriminatorio y además contraviene lo dispuesto en nuestro propio Código Civil. Tendría que hacerse una reforma macro. Consideraría que eso desde el punto de vista administrativo va a ser cuando menos inaplicable”, sostuvo en entrevista con este medio.
Por su parte, Maholy Sánchez, especialista en refugio y líder de la Clínica Jurídica de VeneActiva, afirmó que en este momento no se habla de emigrantes necesariamente, sino de desplazados forzados.
“Es preocupante que estas posiciones se estén tomando en este momento, justamente cuando Perú también ha reconocido que el fracaso del modelo de gobierno de Venezuela y que la situación de violación de derechos humanos ha sido reconocida a nivel internacional”, añadió.
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