PNP realizó millonaria compra sin licitación de uniformes para cadetes y alumnos

Un informe de la Contraloría señaló responsabilidad civil y administrativa contra el exdirector de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial -coronel PNP Ramiro Barrantes Zambrano- además de otros oficiales de la misma institución por la compra de uniformes para cadetes y alumnos por un valor de S/ 33,9 millones.

Además, las auditorías hechas por el órgano de control también concluyen que se habría favorecido a las empresas contratadas con la no cobranza de las penalidades establecidas en la contratación en caso de no entregar los implementos prometidos en las fechas señaladas.

La información brindada por la Contraloría indica que entre los meses de julio y diciembre del año 2023, la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial realizó siete adjudicaciones bajo la modalidad de ‘contratación directa’ por un monto total superior a los S/33.9 millones.

Este tipo de contrataciones es legal y se caracteriza por invitar a un proveedor específico a ser el único postor del proceso de adjudicación y es utilizado usualmente en casos de emergencia.

Sin embargo, la observación hecha por la Contraloría es que estas licitaciones fueron originalmente aprobadas por el general PNP Benito Cabrera Quispe -actual jefe de la Región Policial Lima Provincias- como parte del Plan Anual de Contrataciones de la institución en la modalidad de ‘licitación pública’. Es decir, que se utilizó de forma irregular la modalidad de ‘contratación directa’ bajo el argumento de una ‘emergencia’ en lugar de realizar un concurso público para obtener a mejores postores.

La Contraloría indica que en este caso, tanto el general Benito Cabrera, como el exjefe de Administración de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, coronel PNP Ramiro Barrantes Zambrano y el exjefe de Logística, comandante PNP César Bardales Herrera; habrían señalado una falsa situación de emergencia para justificar la contratación directa de los proveedores.

Carlos Manco Huamán y Mónica Burgos Muñoz, ambos locadores de servicio de la Unidad de Logística en la entidad de la PNP también fueron señalados como responsables civiles en estos actos irregulares.

Las empresas beneficiadas con estas adjudicaciones millonarias son: Corporación Marlyc, Matcars Servicios Generales, Consorcio Samper Simul Contratistas–Comercializadora de Bienes y Servicios Santa Isabel y Boot Kallpa. Además, debido a que los beneficiarios eran los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional de la promoción 2023, el acto irregular habría perjudicado a los 350 cadetes y 3.500 alumnos que integran este grupo.

Presuntas firmas falsificadas

Una segunda irregularidad también fue detectada por la Contraloría, pues la entrega de los implementos adquiridos por la PNP no se habrían producido en las fechas señaladas en los contratos firmados e incluso no se habría realizado el cobro de las penalidades por ello. El jefe de la Oficina de Logística de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, el comandante César Bardales Herrera, era el encargado de realizar ese control.

Al revisar las actas de recepción de los uniformes y otras prendas complementarias, la Contraloría también detectó que las firmas registradas no correspondían a los mismos cadetes y alumnos.

El documento de la Contraloría, que fue emitido el 6 de septiembre de este año, ya se encuentra en manos del Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, a quien se recomienda tomar una serie de acciones al respecto para evitar que se produzcan casos similares.

General Zanabria implicado en caso similar

Un informe similar, revelado por La República en junio de este año, también implicó a 13 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú de haber beneficiado a varias empresas con presuntas compras ilícitas. Uno de los involucrados es el jefe de la PNP, Víctor Zanabria, quien es acusado de compras sobrevaloradas de prendas e inmobiliarios para las escuelas de la Policía.

Al igual que en el caso actual, las compras se hicieron sin licitación usando como justificación una emergencia por desabastecimiento.