Misión Internacional pide que se hagan públicas entrevistas y tachas a candidatos a conformar la JNJ

La Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia del Perú (MIO-Perú) pidió a la Comisión Especial encargada del proceso de selección de los nuevos miembros de este organismo, que se hagan públicas las entrevistas y tachas presentadas.

En ese sentido, la MIO exhorta a que se garantice la transparencia y la publicidad en esta etapa, de acuerdo a los estándares internacionales. Previamente, habían expresado su “profunda preocupación por las deficiencias identificadas en la normativa aplicable con relación a este aspecto”.

De acuerdo a un pronunciamiento de la entidad, solicitan que se transmita en tiempo real las entrevistas para que la ciudadanía pueda observarlas, en el contexto de que entre el 14 y el 21 de octubre de este año se lleva a cabo la fase final de estos diálogos. Por ello, indican que no se debe tomar esta parte “como una simple formalidad”, ya que “debería servir para evaluar a idoneidad y aptitud de las personas postulantes”.

“Esto incluye el examen de las denuncias presentadas, así como los descargos que pudieran presentar las personas concursantes”, sostienen.

Por otro lado, aclaran que si bien la Comisión Especial ha publicado las resoluciones acerca de las tachas presentadas y de las reconsideraciones interpuestas, hasta el momento no se han públicas todas estas, ni los descargos de los aspirantes.

Además, manifiesta que tampoco se ha compartido las denuncias presentadas con relación a la idoneidad de las personas candidatas, a pesar de que el plazo ha estado abierto desde el 15 de agosto de este año.

“Hasta el momento, únicamente se conoce la existencia de cinco denuncias en virtud de que la Comisión decidió reconducir dichas tachas para ser examinadas como denuncias durante la fase de entrevistas. Solo la publicación íntegra de las tachas, denuncias y descargos permitirá que la ciudadanía ejerza su derecho de acceso a la información, así como su labor de escrutinio y vigilancia de este proceso”, precisan.

Por lo anteriormente expuesto, la Misión Internacional considera fundamental que el proceso se lleve a cabo “con total apertura y transparencia para asegurar que se mantengan los principios de independencia y probidad en este proceso tan importante para la democracia peruana”.

“Se recuerda que estos principios no son opcionales, sino obligaciones que el Estado peruano debe cumplir para garantizar un sistema de justicia independiente, conforme a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia”, agregó.

Ya habían pedido transparencia

En septiembre de este año, la MIO-Perú mencionó que la Comisión Especial de selección decidió no publicar las carpetas de los postulantes, lo que limita el acceso a información crucial sobre los antecedentes y méritos de los candidatos.

Thelma Aldana, ex fiscal General de Guatemala e integrante de la MIO, expresó en una entrevista con Infobae Perú que la falta de transparencia podría comprometer la integridad del proceso. Aldana también mencionó que sus intentos de reunirse con el Defensor del Pueblo fueron ignorados, incluso después de enviar solicitudes a través de WhatsApp.

El informe subraya que la falta de consulta con diversos sectores de la sociedad representa una oportunidad perdida para mejorar el proceso de selección mediante la adopción de buenas prácticas.

En consecuencia, la instancia considera que la divulgación de todos los documentos relacionados con los postulantes es esencial para que la sociedad pueda evaluar adecuadamente la idoneidad de los candidatos y detectar posibles conflictos de interés.

Además, Aldana reveló que la MIO intentó sin éxito gestionar reuniones con representantes del Congreso de la República. La negativa a estas reuniones ha sido vista como un obstáculo adicional para asegurar un proceso de selección justo y transparente.

La Comisión Especial está conformada por el Defensor del Pueblo, quien la preside, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, la presidenta del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad.