
El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría, en primera votación, la modificación de la normativa relacionada con la Ley de Crimen Organizado, rechazando las demandas de los transportistas que solicitaban su derogación, argumentando que favorece a las organizaciones criminales.
Con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento decidió exonerar la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 9055, 9100 y otros, que buscan reformar la Ley 32108, que modifica la Ley de Crimen Organizado.
La bancada de Fuerza Popular apoyó la propuesta con 19 votos a favor, seguida de Alianza para el Progreso con 10 y Podemos Perú con 6. Perú Libre tuvo 9 a favor y 1 en contra; Renovación Popular y Acción Popular aportaron 9 y 8 votos a favor, respectivamente. El Bloque Magisterial registró 4 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Avanza País sumó 7 a favor y 1 abstención, mientras que Cambio Democrático-Voces votó en contra con 8 votos. Somos Perú apoyó con 7, la Bancada Socialista tuvo 4 en contra y 1 abstención. Honor y Democracia tuvo 2 a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. El Bloque Democrático reportó 4 en contra y 1 abstención, y entre los no agrupados, 2 votaron en contra y 1 se abstuvo.
Texto sustitutorio mantiene problemática de allanamientos
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encabezada por el congresista Isaac Mita, presentó un nuevo texto sustitutorio que modifica la Ley 30077, Ley de Crimen Organizado, la cual ya había sido alterada por la Ley 32108.
Según el documento, se propone modificar el numeral 317.2 del artículo 317 del Código Penal, que define como organización criminal a cualquier grupo con una estructura compleja, compuesto por tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, distribuyen roles para la comisión de delitos como extorsión, secuestro, sicariato y otros, “con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”.

Además, se busca modificar el artículo 2° de la Ley 30077, estableciendo que la comisión de los delitos mencionados en el contexto de una organización conlleva una pena privativa de libertad igual o mayor a cinco años “en su extremo mínimo”.
También se busca modificar el numeral 3 del artículo 216 de la Ley 32130, que altera el Código Procesal Penal, estableciendo que el “registro e incautación se llevará a cabo con o sin la presencia del investigado, pero siempre con la obligación de contar con un abogado de la defensa pública, quien deberá estar presente desde el inicio del proceso”.
Y el numeral 7 del artículo 2 de la Ley de procedimiento (Ley 27379), que ahora exige que el fiscal convoque a la defensa pública para que “esté presente” en el allanamiento que realicen a investigados.

No escucharon pedidos de gremios
El Congreso, que recibió a líderes de los gremios que participaron en el último paro, ignoró el ultimátum de los transportistas sobre la derogación de la Ley 32130. Esta normativa exige la presencia de la defensa legal de los investigados para que los efectivos policiales y de la Fiscalía puedan realizar allanamientos. La decisión de los legisladores podría provocar un nuevo paro nacional programado para el martes 12 de noviembre.
A inicios de esta semana, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, que formó parte del gremio que acató el paro de 72 horas, convocó a sindicatos de todo el país a iniciar un paro indefinido para presionar al Congreso hasta que se derogue la Ley de Crimen Organizado y se archive la Ley de Terrorismo Urbano.
“Estamos indignados con este Congreso, que nos han hecho esperar horas para hablar de la derogación, y nos dijeron que no van a derogar la ley de Crimen Organizado y Terrorismo Urbano. Entonces señores, en estos momentos, nos estamos dirigiendo a la ubicación de todos los gremios para convocar un paro nacional indefinido”, expresó tras su salida de la segunda reuniób que sostuvo con los legisladores.
Más Noticias
Delia Espinoza: Congreso de la República rechazó nueva inhabilitación por 10 años
Con 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso no alcanzó el respaldo necesario para sumar una segunda sanción contra la exfiscal

Chofer de transporte informal intentó incendiar su vehículo para impedir intervención de la ATU
El conductor, Luis Enrique Vargas Torres, tenía la licencia cancelada desde agosto de 2023 y operaba sin permisos ni SOAT vigente

Gratificación de los trabajadores CAS será de un sueldo extra, más que el aguinaldo público
Los trabajadores del decreto legislativo 1057 tendrán mayores derechos, inclusive ganando un monto de gratificación similar al del sector privado

Río Chillón en alerta roja por aumento extremo de su caudal: Senamhi advierte posible riesgo para zonas aledañas
El Senamhi identificó a los sectores de Jansha, Tarapo y Cullhuay, en Lima, como los más vulnerables ante una posible inundación

Aixa Vigil reveló que rechazó propuesta de Universitario y adelantó si se quedará en San Martín: “Soy bien fría para tomar decisiones”
La punta nacional contó el contundente motivo por el que decidió jugar por las ‘santas’ y no por la ‘U’ a inicio de temporada. También dio detalles sobre su continuidad con las de Santa Anita



