En medio de ola delincuencia en Lima y regiones, donde los delitos con mayor notoriedad son la extorsión y el sicariato, apareció el pedido de las autoridades municipales al gobierno central para aplicar un nuevo toque de queda, como parte del estado de emergencia por 60 días decretado en setiembre pasado en varios distritos.
No es la primera vez que existe este tipo de solicitud al Ejecutivo de parte de los gobiernos distritales ante la creciente criminalidad en el país. La implementación de la medida, anteriormente, causó una fuerte controversia por considerarse que afecta el correcto funcionamiento de un estado normal y la estricta protección de los derechos ciudadanos.
No obstante, un sector siempre ha visto con buenos ojos que se aplique este régimen excepcional por horarios para un mejor control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), y con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

En las últimas horas, tras reportarse un atentado con explosivo en una concurrida calle calle del distrito del Rímac, su alcalde, Nestor de la Rosa, lanzó su pedido directo al gobierno de Dina Boluarte para que se disponga un toque de queda, principalmente en horas de la noche.
De acuerdo a De la Rosa, el gobierno central debería aplicar el toque de queda por horarios en los 14 distritos de Lima y Callao que ya se encuentran con el vigente estado de emergencia.

En los días previos, Oswaldo Vargas, alcalde de Lurigancho - Chosica, también se mostró en favor de la aplicación del toque de queda en los distritos con mayor índice de criminalidad.
“Sí debe haber toque de queda, pero revisado para que no sea permanente y que afecte la economía, como ya se vio en el pasado durante la pandemia”, indicó el funcionario.
Para Vargas, en estos tiempos de alta delictividad, no es descabellado pensar en la aplicación de la medida, pero teniendo muy en cuenta que no se dañe la actividad y productividad de los comercios.
Infobae Perú conoció que otros alcaldes, principalmente de la zona norte de Lima, también ven con buenos ojos un toque de queda por horarios, para que sirva como una herramienta más contra la ola delincuencial.

No bajo régimen de excepción
Walter Gutiérrez, extitular de la Defensoría del Pueblo, tiene una posición muy clara sobre este asunto: la gestión de la inseguridad debe realizarse en un estado normal y no bajo un régimen de excepción.
Destacó que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ejecutivo cumplir con requisitos estrictos para proteger los derechos ciudadanos, subrayando la importancia de implementar políticas adecuadas y respetuosas.

Tras la declaratoria de emergencia, a fines de septiembre pasado, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, confirmó que se evaluaba la suspensión de algunos derechos para hacerle frente a la inseguridad y al crimen organizado.
“[¿El toque de queda es algo que se podría implementar?] Sí, correcto. Recordemos que un estado de emergencia es un estado de suspensión de derechos constitucionales”, dijo. Finalmente, no se llegó a anunciar, hasta la fecha, la implementación de esa medida.
Impacto negativo
Ricardo Valdés Cavassa, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señaló a Infobae Perú que imponer un toque de queda como medida para frenar los casos de extorsión no tendría resultados positivos.

Valdés Cavassa explica que declarar toque de queda tendría un impacto negativo para la economía de los peruanos, especialmente para los informales.
“No se puede imponer la inamovilidad diariamente como se hizo durante la época del Covid, ya que eso tendría un impacto negativo en la economía. Nuestra economía es mayoritariamente informal, y gran parte de la población económicamente activa vive al día”, agregó.
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