El Poder Judicial ha decidido anular la investigación preparatoria contra el excongresista aprista Jorge del Castillo en el marco del caso Odebrecht, según informó RPP. La jueza Soledad Barrueto resolvió a favor de una cuestión previa presentada por la defensa del exlegislador, lo que implica que el caso debe ser remitido al despacho del Fiscal de la Nación.
La resolución, emitida el 4 de octubre, establece que antes de que Del Castillo sea procesado judicialmente, debe someterse a un procedimiento de antejuicio político en el Congreso de la República. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de seguir el trámite previo establecido para el antejuicio político, según el documento al que tuvo acceso RPP.
La jueza Barrueto tomó esta decisión después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional anulara una resolución anterior del juez Richard Concepción Carhuancho. En mayo, Concepción Carhuancho había declarado infundada la cuestión previa presentada por la defensa de Del Castillo, pero la sala de apelaciones ordenó que otro magistrado evaluara el recurso y emitiera una nueva decisión.
El caso involucraba acusaciones de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos con agravantes en perjuicio del Estado. La defensa de Del Castillo argumentó que, debido a su condición de excongresista, es necesario seguir el procedimiento de antejuicio político antes de cualquier proceso judicial.
Este desarrollo en el caso Odebrecht es significativo, ya que refleja las complejidades legales y políticas que rodean a los exfuncionarios públicos en Perú. La decisión de la jueza Barrueto subraya la importancia de respetar los procedimientos legales establecidos para garantizar un juicio justo y adecuado.
Presuntos aportes a campaña de Alan García
La investigación se originó a partir de las declaraciones de Barata en Brasil, el 28 de febrero de 2018, donde reveló que Odebrecht entregó 200,000 dólares para financiar la campaña presidencial de Alan García en 2006. Este testimonio llevó a la fiscal Salazar a considerar la investigación como de naturaleza “compleja”, estableciendo un plazo de 36 meses para su desarrollo.
El proceso incluía la realización de diversas diligencias, entre ellas, la toma de declaraciones indagatorias a varios exfuncionarios y políticos, como Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta, Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.
La decisión del Poder Judicial de anular la investigación ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial del país, dado el impacto del caso Odebrecht en la política peruana. Este caso ha sido uno de los más emblemáticos de corrupción en América Latina, involucrando a múltiples figuras políticas de alto perfil en varios países.
La decisión del Poder Judicial de anular la investigación ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial del país, dado el impacto del caso Odebrecht en la política peruana. Este caso ha sido uno de los más emblemáticos de corrupción en América Latina, involucrando a múltiples figuras políticas de alto perfil en varios países.
Se favorece con ley de crimen organizado
El abogado Mario Castillo Freyre ha sido exonerado del cargo de asociación ilícita para delinquir enel caso de los arbitrajes a favor de la brasileña Odebrecht. Tal como señaló La República, la Corte Suprema decidió archivar este proceso penal, aunque el involucrado continuará siendo investigado por otros delitos.
Esta decisión se enmarcó en la aplicación de la nueva ley de crimen organizado, que exige demostrar una participación permanente o indefinida en la organización, algo que la Fiscalía no logró acreditar en este caso.
La nueva normativa, aprobada por el Congreso de la República, ha modificado el marco legal sobre el crimen organizado, estableciendo requisitos más estrictos para probar la implicación de los acusados. Esta ley podría beneficiar también a Humberto Abanto, otro de los investigados en el mismo caso, quien ha solicitado el archivo de su imputación por asociación ilícita.
Su audiencia está programada para el 14 de octubre, y se espera que la reciente decisión de la Corte suprema influya en su proceso.
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