Congreso: aprueban dictamen fujimorista que atenta contra la autonomía del Poder Judicial

Mientras la atención de la ciudadanía está en el paro de 72 horas anunciado por algunas empresas de transporte generado por las extorsiones y desborde de la inseguridad ciudadana, el Congreso arremetió contra la independencia de poderes y la institucionalidad. Durante la sesión del pleno del miércoles 9 de octubre se aprobó, en primera votación, el dictamen de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 31307, ley del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Esta decisión fue celebrada por el fujimorista Fernando Rospigliosi desde su cuenta de X y recordó que con esta decisión evitaría que jueces “politizados y prevaricadores” interfieran en las decisiones del Congreso.

Rospigliosi hace referencia a que entre los cambios aprobados, lo que se plantea es que las decisiones del Congreso, en caso de juicio o antejuicio político, no puedan ser revocadas por el Poder Judicial. Es decir, la Representación Nacional ahora tendría un poder inapelable y absoluto.

Advertencias

Esto fue advertido por la congresista Ruth Luque, quien a través de su cuenta de X relató como se dio la aprobación del dictamen fujimorista.

La parlamentaria mostró que al momento que entro en debate la votación de la norma, la mayoría de congresistas marcaron asistencia virtual, ya que el hemiciclo con poca concurrencia. “Todo esto sucede ante un pleno semi vacío, semi presencial. La mayoría parlamentaria impone un texto ¿Qué debate parlamentario y que tipo de democracia garantizan? NINGUNA. El Congreso se impone con poder absoluto #DictaduraParlamentaria”, escribió.

En un primer momento, el texto de Rospigliosi no consiguió logró los votos necesarios, pues solo 65 congresistas aprobaron la modificación de la norma. Pero, Fuerza Popular presentó una reconsideración, sin que aún haya terminado la votación.

Finalmente, se aprobó la modificación con 70 votos a favor y el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial y Alianza Para el Progreso.

Sanciones politizadas

Es una situación preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene procesos abiertos contra Jorge Luis Salas Arenas, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra, Salvador del Solar y otros ex altos funcionarios, considerados por la mayoría parlamentaria como sus ‘enemigos políticos’.

Podemos recordar lo ocurrido con la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por cinco años, acusada por el Congreso de infringir la Constitución al suspender la investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, Ávalos fue la primera fiscal en investigar a un mandatario en ejercicio, lo que creó un precedente y ahora complica la situación de Dina Boluarte.

Otro caso relevante fue la destitución de Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes fueron removidos de la Junta Nacional de Justicia. En la votación inicial, solo prosperó la inhabilitación de Tello, pero, tras una evidente negociación entre las bancadas, se presentó una reconsideración y también se destituyó a Aldo Vásquez.

Cabe señalar que los tres magistrados presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial, alegando que la decisión del Congreso fue injusta. Meses después, el recurso fue declarado fundado y fueron restituidos en sus respectivos cargos.

Ahora, se deberá esperar una semana para que se realice la segunda votación. Si la norma llega a ser ratificada, ningún funcionario podrá acudir al Poder Judicial en caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados por el Congreso.

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