La coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto, consideró este miércoles que su suspensión de seis meses por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC) es una “medida arbitraria y desproporcionada”, ya que fue notificada sin que se le permitiera presentar un descargo previo.
La magistrada, investigada de manera preliminar por supuestamente filtrar información de uno de sus casos, indicó en un comunicado que la suspensión “contribuye en desestabilizar el trabajo y los casos que tiene a cargo el Equipo Especial contra altos funcionarios de Estado investigados por graves actos de corrupción” y anunció que realizará una apelación.
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Barreto explicó, además, que la decisión de la ANC se basa “exclusivamente” en información del programa Contracorriente de Willax y se sustenta en una serie de puntos, como haber ordenado una denuncia contra el periodista Carlos Paredes, escribir artículos para un libro de derecho penal con otro fiscal del Eficcop y filtrar información al mencionado programa televisivo.
“Niego categóricamente estos tres hechos pues (...) he dirigido un equipo humano de primer nivel, fomentando en los fiscales una conducta con un elevado sentido de justicia, probidad, lealtad institucional, transparencia de sus actos con ética y moral de todos sus integrantes, trabajo del que han sido testigos los ciudadanos (...) Los hechos imputados no se condicen con la medida desproporcionada de apartarme del Eficcop, pues, no existe ningún riesgo para la investigación de la ANC mi permanencia a cargo del Equipo Especial”, anotó.
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La investigación durará 60 días e incluye requerimientos a los medios Willax y RPP para obtener copias de entrevistas. El legislador fue quien denunció a Barreto por este caso y solicitó su suspensión, allanamientos en su domicilio y oficina, incautación de su ordenador y una declaración.
“Durante varios meses vengo siendo perseguida, insanamente diría yo, por hechos que no tienen nada que ver con la función. Se ha tocado mi honor, se ha tocado mi reputación, fácilmente se endilga hechos totalmente ajenos a la verdad y que no tienen que ver nada con mi condición de funcionario público”, indicó la fiscal en una entrevista difundida por RPP la semana pasada.
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El Eficcop investiga actualmente a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, para quien ha solicitado 36 meses de prisión preventiva, al igual que para el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, como parte de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias.
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