El viceministro de Justicia Juan Alcántara Medrano señaló esta tarde que, desde el 2021, los casos de extorsión y sicariato en el Perú se han venido incrementando en gran medida, debido a la migración extranjera. Aunque no detalló la nacionalidad específica de las organizaciones criminales que se han apostado en nuestro país desde ese año, aclaró que estos son más sangrientos que los criminales peruanos.
“Se aprecia, a través de las fichas estadísticas, de la PNP y del INEI, que el delito de sicariato, extorsión y secuestros se han incrementado significativamente desde el año 2021, por varias causas; entre ellas, la migración extranjera, de la cual somos víctimas y que ha cambiado la criminalidad en nuestro país, a través de una criminalidad más sangrienta, más cruel, más despiadada”, indicó el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Fue durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros que Alcántara indicó que, por tal motivo, se viene preparando el proyecto de ley de terrorismo urbano, el cual servirá para juzgar y emitir normas especiales para este tipo de delito en particular.
“El Estado tiene que defenderse y, para eso, se está presentando el proyecto que se ha denominado terrorismo urbano. Muchos críticos dirán que el delito de terrorismo ya existía y existe una confusión al respecto. [...] Dirán, el delito de extorsión y sicariato ya existe, pero este caso no se trata de juzgar delitos que ya existen; sino se trata de ver cuál es la connotación, cuál es el impacto social que tiene estos delitos. El estado tiene la obligación de defenderse y emitir normas y crear tipos especiales de delitos”, aclaró la autoridad.
Ley de terrorismo urbano “es un sinsentido”

Noam López, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha criticado la propuesta de ley de “terrorismo urbano” presentada por el Congreso peruano, calificándola de confusa y poco efectiva para abordar la creciente crisis de inseguridad ciudadana. Según Infobae Perú, López argumenta que la medida busca agrupar delitos ya existentes bajo un nuevo término que podría generar más confusión en lugar de soluciones efectivas.
La propuesta de ley surge en un contexto de aumento de delitos como robos, asesinatos, secuestros y extorsiones, que han obligado a diversos gremios a paralizar sus actividades en demanda de una respuesta política. El gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han intentado responder a esta crisis con la mencionada iniciativa legislativa, que incluye crímenes como el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación sexual y la minería ilegal, entre otros.
El concepto de terrorismo, según la política nacional multisectorial de lucha contra el terrorismo del Ministerio del Interior, implica acciones intencionales e ilícitas que exaltan o hacen apología de la violencia con fines políticos. Sin embargo, López señala que las organizaciones criminales como Barrio King o One Family tienen como único objetivo el lucro, aunque podrían tener vínculos políticos que utilizan para influir en elecciones locales.

Además, López destaca que el término “urbano” en la propuesta es engañoso, ya que las redes criminales no distinguen entre áreas urbanas y rurales. Un ejemplo de esto es el grupo criminal Los Pulpos, que opera tanto en Trujillo como en Pataz, a 2700 metros sobre el nivel del mar, en la región de La Libertad.
El politólogo también critica que la propuesta no mejorará la eficiencia del trabajo policial o fiscal. A pesar de sus deficiencias, López considera que esta iniciativa es menos perjudicial que la Ley 32108 de crimen organizado, que, según él, complica la identificación de organizaciones criminales.
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