El gobierno de Dina Boluarte declaró en estado de emergencia 14 distritos de Lima y Callao como respuesta a las denuncias de extorsiones contra empresas de transporte y a la ola de criminalidad que azota al país. Este sábado se cumple una semana desde que la medida entró en vigencia y, pese a que diariamente el Ministerio del Interior comparte en sus redes sociales los operativos que realiza la PNP, los crímenes violentos en la capital no se han detenido.
Incluso, algunos transportistas han advertido que paralizarán nuevamente sus operaciones, ya que las amenazas de bandas de extorsionadores continúan. Ante este escenario, es inevitable preguntarse si las medidas adoptadas por el Ejecutivo son realmente efectivas en la lucha contra la delincuencia.
El general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, presentó un balance tras la primera semana de estado de emergencia. Aunque reconoció que no se pueden asegurar resultados a corto plazo, detalló las estrategias que la PNP está implementando para combatir la criminalidad.
En ese sentido, indicó que, con el estado de emergencia, se restringen algunos derechos, como la inviolabilidad del domicilio, lo que facilita el trabajo de la Policía cuando debe perseguir y detener a un delincuente. Por ello, ya se han focalizado las zonas donde se registra una mayor incidencia delictiva.
Trabajo con el Ministerio Público
En los últimos meses, las críticas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, hacia el trabajo de los fiscales se han intensificado, ya que ha denunciado repetidamente que el Ministerio Público entorpece la labor de la Policía al liberar a los delincuentes que esta captura.
Sin embargo, el general Felipe Monroy presentó un panorama diferente, señalando que la PNP y el Ministerio Público mantienen una coordinación constante, destacando la implementación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex). El general adelantó que el fiscal coordinador contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, ha puesto a disposición de la PNP cuatro fiscalías supraprovinciales para facilitar las operaciones policiales.
“No creo que haya sido una guerra. Es una opinión muy personal; las instituciones deben sobreponerse, ya que todos tenemos un fin común. Esta mañana estuve reunido con la fiscal de prevención del delito, coordinadora nacional, trabajando muy de cerca, y tenemos coordinaciones a futuro (...). Permítame decirle: la Policía Nacional hace cumplir la ley; no tratamos temas políticos”, enfatizó
Terrorismo urbano
Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo fue presentar un proyecto de ley que tipifique el delito de terrorismo urbano ante el Congreso. Si bien, esta propuesta no es nueva, pues desde el 2023 se presentaron iniciativas legislativas sobre el tema, a raíz de la crisis de inseguridad fue que se agendó el tema en el Pleno.
Sin embargo, los parlamentarios no llegaron a un consenso y la iniciativa quedó en pausa. El último cambio que sufrió fue la denominación, ya no se llamaría ‘terrorismo urbano’, sino ‘criminalidad sistemática’. Cabe señalar, que especialistas en seguridad y abogados advirtieron que la norma no sería efectiva.
Al ser cuestionado sobre este nuevo delito, el general PNP evitó referirse al tema hasta que la norma no haya sido aprobada por el Congreso.
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