Paola Valdivia Sánchez, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha sido suspendida preventivamente por seis meses por ‘faltas graves’, según informó la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC). La medida se tomó tras vincular a la magistrada con el investigado Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.
En el comunicado oficial en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la ANC informó que a la magistrada se le iniciará un proceso administrativo disciplinario. La suspensión tiene como objetivo evitar cualquier obstáculo en dicho procedimiento y asegurar la eficacia de la resolución final.
El documento también señala que Valdivia enfrenta serias acusaciones, que incluyen el presunto uso de un lenguaje inapropiado en sus intervenciones públicas y la supuesta remodelación de su departamento, entre otras faltas. Estas alegaciones serán objeto de una investigación exhaustiva.
Presunto vínculo con ‘Chibolín’
El vínculo entre Valdivia y Hurtado surgió después de que un colaborador difundiera la versión de que el expresentador de televisión había amoblado la casa de la jueza, algo que ella negó rotundamente. En recientes declaraciones para el programa ‘Nunca es tarde’, de RPP, afirmó que Hurtado no tuvo nada que ver con la remodelación de su vivienda, la cual, según ella, es propiedad de su hermana.
Además, la jueza rechazó haber tenido algún caso vinculado con ‘Chibolín’ y negó ser su amiga, aunque reconoció haberlo conocido. También desmintió que su esposo fuera amigo del presentador de televisión, aunque admitió que él asistió un par de veces al programa de Hurtado, mientras que ella nunca aceptó ir.
Andrés Hurtado presenta contrato de gerente
En medio de un escándalo por tráfico de influencias y lavado de activos, el expresentador de televisión Andrés Hurtado ha presentado un contrato de trabajo que lo designa como gerente de marketing de la empresa Cirtramef S.A.C. Este documento, que especifica un salario mensual de 15 mil soles, fue revelado por Latina este martes. La empresa está registrada con RUC N.º 20537313332 y su gerente general es Felipe Martín Mondragón Ahumada.
El contrato tiene una duración de un año, desde el 16 de septiembre de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2025, y permite a Hurtado prestar servicios de manera presencial o en modalidad híbrida. Sin embargo, la controversia ha aumentado tras la visita de un reportero de Latina a la dirección registrada de la empresa, ubicada en la Av. de la Arqueología 197 en San Borja. Al llegar, el periodista encontró que la dirección corresponde a una vivienda deshabitada, donde no hubo respuesta de nadie.
Este hallazgo ha planteado serias dudas sobre la legitimidad del documento presentado por Hurtado ante el juez Juan Carlos Checkley, quien debe decidir si le impondrá 18 meses de prisión preventiva.
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