En busca de garantizar el respeto a la autoridad, desde la bancada de Fuerza Popular propondrán reformar el Código Penal para asegurar que las agresiones contra los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) sean castigadas duramente.
Así lo indicó la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, quien se pronunció al respecto luego de que el gobierno de Dina Boluarte le pidiera al Legislativo que debata, de manera inmediata, el proyecto de ley que modifica el código penal para incorporar el delito de terrorismo urbano.
Reformas propuestas
Entre las reformas que plantea la parlamentaria de Fuerza Popular, destaca un aumento en las penas para aquellos que agredan o resistan a la autoridad policial. También se establece que las lesiones leves cometidas contra efectivos policiales serán sancionadas con penas de entre ocho y catorce años de prisión. Además, se quiere garantizar la protección legal que necesitan en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se dio a conocer la intención de incluir un nuevo artículo en la legislación que sanciona con penas de cinco a diez años a aquellas personas que impidan el trabajo de los policías a través de actos violentos. Esta medida busca proteger la labor de las fuerzas del orden y garantizar la seguridad pública.
Cabe resaltar que, en situaciones donde estas agresiones causen lesiones graves o, en el peor de los casos, la muerte, las penas se endurecerían, alcanzando hasta un máximo de quince años de prisión. Esta reforma subraya la importancia de un entorno seguro para el ejercicio de la justicia y el respeto a la autoridad.
Antecedentes
Durante la presentación de un nuevo proyecto de ley, la congresista Juárez enfatizó la necesidad urgente de abordar el debilitamiento de la autoridad policial, una situación que se ha intensificado debido al Acuerdo Plenario 001-2016 de la Corte Suprema.
Este acuerdo despenaliza ciertos actos de violencia y resistencia contra los agentes del orden, lo que ha generado un clima en el que muchos ciudadanos se sienten con la libertad de desafiar y agredir a los policías sin temor a repercusiones legales. Esta problemática no solo afecta la moral de los efectivos, sino que también pone en riesgo la seguridad pública.
En esa línea, la legisladora naranja destacó una tendencia preocupante entre jueces y fiscales, quienes a menudo liberan a los agresores sin imponerles el castigo adecuado. Esto crea un círculo vicioso que desincentiva la autoridad policial y fomenta la impunidad.
Por último, argumentó que su proyecto representa un paso decisivo para restaurar la confianza en la policía, garantizando así la seguridad y el orden público. Además, busca reforzar el respeto hacia aquellos que arriesgan sus vidas para mantener la paz en las comunidades, asegurando que cuenten con el apoyo necesario para desempeñar su labor de manera efectiva.
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