Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, ha anunciado que si las extorsiones contra las empresas de transporte no disminuyen significativamente en los próximos 60 días, los gremios de transportistas formales de Lima y Callao detendrán sus operaciones. Esta medida se coordina con los gremios urbanos de transportistas formales, según informó Ojeda en Canal N
El anuncio se produce en respuesta al estado de emergencia declarado por el Gobierno en 14 distritos debido al aumento de casos de extorsión. Ojeda expresó que si esta medida no resulta efectiva, se tomarán acciones más drásticas. “Queremos apoyo de las autoridades, de la PNP e institucional, político”, afirmó.
Ojeda también mencionó que han mantenido reuniones con representantes de los corredores complementarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), quienes también han manifestado su disposición a paralizar el servicio si la situación no mejora. “No queremos vivir más de promesas”, enfatizó Ojeda, subrayando la urgencia de una solución efectiva.
El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte destacó que los delincuentes no se ven disuadidos por decretos o estados de emergencia, y que las promesas no son suficientes para garantizar la seguridad de los transportistas. La declaración de Ojeda refleja la creciente preocupación y frustración del sector ante la falta de resultados concretos en la lucha contra la extorsión
¿Declaratoria de emergencia en Lima es ineficaz?
Martín Ojeda criticó la reciente declaratoria de estado de emergencia en varios distritos de Lima y uno en Callao, medida tomada por el Gobierno ante el aumento de extorsiones contra empresas de transporte público. Según Ojeda, esta acción es ineficaz y no ha mostrado resultados significativos en el pasado. “Es lo mismo que nada”, afirmó el dirigente de transportistas en una entrevista con 2024 en 24 Horas.
El estado de emergencia, que se extenderá por 60 días, fue anunciado en respuesta a la creciente ola de extorsiones que han afectado a las empresas de transporte público en las últimas semanas. Ojeda recordó que medidas similares se implementaron hace unos meses en otros distritos de Lima debido al incremento de la delincuencia, pero no lograron los resultados esperados.
En cuanto a la suspensión del paro de transportistas, Ojeda mencionó que se otorgará una “tregua” al Gobierno para evaluar cómo las medidas anunciadas afectan las demandas de los transportistas. Esta tregua permitirá observar si las acciones del Gobierno tienen un impacto positivo en la seguridad del sector.
Sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien afirmó que “venían respirándoles la nuca” a las bandas criminales, Ojeda respondió: “No les respire la nuca, reaccione”. Esta declaración refleja la frustración del dirigente ante lo que considera una falta de acción efectiva por parte del Gobierno.
Los transportistas siguen denunciando amenazas y pagos ilegales para operar en zonas críticas. A pesar de las denuncias, las investigaciones no han avanzado, lo que genera un clima de inseguridad y desconfianza en el sector.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que se evaluará la implementación de un toque de queda en algunos distritos como parte de las medidas para combatir la ola de criminalidad. Tanto Ojeda como Santiváñez coinciden en que una declaratoria de emergencia sin un presupuesto adecuado no es efectiva.
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