El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada informó a través de sus canales oficiales que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continuará procesado por el presunto delito de lavado de activos. Esto tras el fallo que desestimó su solicitud de archivo del caso a través de la excepción de improcedencia de acción. La decisión judicial deja en claro que, pese a los argumentos de la defensa del burgomaestre, los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para mantener la investigación abierta.
El caso de López Aliaga está vinculado a la revelación mundial conocida como los ‘Panama Papers’, en la que diversas personalidades y empresas a nivel internacional fueron señaladas por utilizar sociedades offshore en paraísos fiscales con el presunto fin de ocultar activos de procedencia ilícita. Según la acusación fiscal, el alcalde habría utilizado estos mecanismos para canalizar fondos derivados de actos de corrupción, específicamente relacionados con contratos de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre los años 2011 y 2014.
No hay suficiente peso en los argumentos
Hace unos días, durante la audiencia, la defensa de López Aliaga, representada por el abogado Javier Alarcón Prieto, insistió en que los hechos imputados no constituyen el delito de lavado de activos. Alegó que las operaciones financieras bajo sospecha fueron realizadas dentro del marco legal y debidamente supervisadas por entidades como la Contraloría General de la República. Asimismo, afirmó que los contratos en cuestión fueron aprobados por el Consejo Metropolitano de Lima, lo que a su juicio descartaría la existencia de alguna irregularidad en las transacciones.
El juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del caso, consideró que estos argumentos no eran suficientes para cerrar la investigación. Según su análisis, el delito de lavado de activos tiene autonomía respecto al delito previo del cual provendrían los fondos, en este caso, la presunta colusión agravada. Esta es una tesis sostenida tanto por la jurisprudencia nacional como internacional, incluida la normativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que regula este tipo de crímenes. El magistrado recordó que el lavado de activos se centra en la transformación, conversión y ocultamiento de dinero de origen ilícito, independientemente de la naturaleza del delito primigenio.
Una posible nueva audiencia para el caso
El fiscal Irvin Sinche Soto, encargado de la investigación, sostuvo que López Aliaga utilizó empresas offshore para blanquear fondos obtenidos a través de contratos con la Municipalidad de Lima. El esquema de operación, según explicó, consistía en desviar estos recursos a jurisdicciones con políticas fiscales flexibles para evitar el rastreo de su origen.
La Fiscalía indicó que la investigación preparatoria se encuentra en una fase clave, ya que se están recabando pruebas documentales y testimoniales que podrían ser determinantes para el caso. Entre los documentos clave que manejan las autoridades, destacan informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de organismos internacionales, que apuntan a un entramado financiero sofisticado destinado a ocultar la verdadera procedencia de los fondos que manejaba el alcalde.
El juez Chávez Tamariz ha dejado abierta la posibilidad de nuevas audiencias, en las que se espera que la defensa del alcalde de Lima presente más pruebas para refutar las acusaciones. La próxima sesión, según informó Canal N, es programada para el miércoles 11 de septiembre, será crucial en la evolución del proceso, ya que el juez deberá determinar si existen suficientes elementos para llevar el caso a una etapa más avanzada del procedimiento judicial.
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