En Piura, un incidente en el asentamiento humano Los Jardines terminó en un enfrentamiento entre pobladores y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Todo comenzó cuando un chofer, al parecer intentando evadir una intervención policial en el óvalo Mundo, se refugió en una vivienda del mencionado asentamiento, tratando de evitar que su vehículo fuera confiscado.
El intento de la Policía por recuperar la mototaxi desató una confrontación con los residentes, incluyendo mujeres y menores de edad. En medio del caos, un niño de 11 años, tratando de defender a su madre, golpeó a un agente con un palo. La mujer reconoció el hecho.
El vídeo de la intervención muestra a los agentes policiales cogiendo al menor de su ropa e intentándo llevárselo en medio de la desesperación de sus familiares quienes intentaron evitar el hecho. Finalmente, el padre del niño lo abraza y camina conjuntamente con él hasta la patrulla que los lleva a la sede policial.
El mencionado medio señaló que el menor fue dejado libre momentos después y este ya se encuentra en su vivienda junto a su madre y demás familiares. Se conoció además que el dueño del mototaxi, motivo inicial de la intervención, no fue detenido.
¿Cómo denunciar abusos de la autoridad policial?
En una entrevista con RPP, el abogado penalista Javier Aguirre brindó orientación a los ciudadanos sobre cómo actuar en casos de abuso de autoridad. Aconsejó que las víctimas deben presentar una denuncia en la comisaría más cercana si enfrentan este tipo de situación. Esto es especialmente relevante cuando el presunto agresor es un funcionario público con autoridad reconocida, como un policía o un miembro del Serenazgo.
Aguirre destacó que es esencial que el empleado público esté registrado dentro de la estructura oficial de la entidad para que la denuncia pueda ser procesada adecuadamente. También enfatizó la importancia de reportar estos casos para asegurar la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Proponen que adolescentes de 16 años vayan a prisión
En el Congreso de la República se busca aprobar un dictamen del proyecto de ley que propone establecer responsabilidad penal a los adolescentes de 16 y 17 años en caso incurran en delitos graves. Ello con el objetivo de que puedan ser juzgados por el Poder Judicial y, en caso de ser hallados culpables, vayan a prisión.
En julio pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el texto plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para que, “excepcionalmente, los adolescentes de 16 años a más” tengan responsabilidad penal cuando hayan cometido los delitos de parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, exposición, trata de personas, explotación sexual, explotación sexual de menores, pornografía infantil, secuestro, violación sexual, favorecimiento a la prostitución, rufianismo, proxenetismo, robo agravado, extorsión, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos o armas, atentado contra los medios de transporte colectivo o de comunicación, atentado contra la seguridad común, consumo ilegal de drogas tóxicas, algunas formas agravadas de la resiembra, reingreso clandestino o ilegal, organización criminal, marcaje o reglaje, banda criminal, participación en grupo armado dirigido por extranjero, o delitos de terrorismo.
Los fiscales de Familia y de la Coordinación Nacional del Programa Nacional ‘Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público’ de Perú han expresado su rechazo a la propuesta del congresista Juan Burgos. El Ministerio Público de Perú emitió un comunicado en el cual subraya que el proyecto de ley atentaría contra los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes.
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