La Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional contra el parlamentario José Arriola Tueros (Podemos Perú) por presunta concusión en agravio del Estado. La denuncia, presentada el 16 de agosto de 2024, será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
De acuerdo con la Fiscalía, Arriola Tueros habría incurrido en prácticas irregulares al recortar el salario de siete empleados de su despacho, quienes se habrían visto obligados a entregar donativos en forma de alimentos e implementos de cocina destinados a organizaciones de ollas comunes y vasos de leche. La amenaza implícita era perder el empleo si no cumplían con estas exigencias.
Los pedidos ‘humildes’ de Arriola
Desde diciembre de 2021, Arriola Tueros también habría solicitado a los trabajadores aportes de dinero equivalentes al 10% de sus salarios y el 15% de sus bonificaciones extraordinarias, así lo expuso un reportaje de Punto Final.
Para formalizar estos aportes, se les hizo firmar documentos denominados “Declaración Jurada de Donación Voluntaria”. Esta operación contaba con la complicidad de Yolanda Cuya Llajaruma, quien se desempeñaba como coordinadora parlamentaria hasta diciembre de 2023.
Sin embargo, aunque la Comisión de Ética del Congreso había decidido blindar a Arriola Tueros el 27 de mayo, el 3 de junio se aprobó una denuncia de oficio contra él por el recorte salarial a sus empleados.
Pues, testimonios de exasesores del congresista revelaron que estos aportes, inicialmente solicitados en bienes, posteriormente se exigieron en efectivo. Yolanda Cuya, excoordinadora parlamentaria, era responsable de coordinar los depósitos en una cuenta bancaria a nombre de su esposo.
Comisión de Ética blindó a presunto ‘mochasueldo’
En mayo, la Comisión de Ética decidió exonerar a Arriola de las acusaciones en su contra. Esto a pesar de que, durante la investigación, se encontraron declaraciones juradas de sus trabajadores en las que afirmaban haber entregado parte de sus sueldos “de manera libre y voluntaria”, y de que se constató que el congresista utilizó estos aportes para mejorar su imagen pública sin revelar que provenían de su personal.
No obstante, el informe final del equipo técnico de la comisión concluyó que no se pudo demostrar que Arriola solicitara directamente el dinero o que este fuera entregado bajo coacción.
La comisión solo recomendó una sanción de amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de su salario. Esta decisión fue aprobada con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, en una sesión que contó con la participación de diez legisladores.
Congresista María Agüero en la mira
En paralelo, la congresista María Agüero (Perú Libre) estaría también en la mira de las autoridades. Desde hace algunas semanas, la parlamentaria por Arequipa enfrenta acusaciones de apropiarse del 10% de los salarios de sus empleados, según detalló un nuevo informe de Punto Final, difundido el último domingo.
Este devela que Edson Flores Valencia, actual chofer y asesor de Agüero, habría recibido transferencias por un total de 11 mil 650 soles entre 2022 y 2023. Dichas transferencias incluyen pagos gordos en varias fechas. Además, el informe indica que Flores, así como César de la Cruz y Joyce Mejía Pascual, otros empleados involucrados, habrían estado implicados en la recolección y manejo de estos fondos.
Al respecto, Agüero ha intentado desvincularse de las acusaciones, afirmando desconocer las transferencias a Flores. Sin embargo, testimonios de extrabajadores sugieren que los empleados eran obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos y bonos.
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