La explotación de petróleo en áreas de la Amazonía peruana y zonas de pesca ha traído consigo contaminación y conflictos sociales. El gobierno sigue promoviendo la extracción de hidrocarburos a pesar de sus impactos en el medio ambiente y en las comunidades locales sin normas claras de protección
Los derrames de hidrocarburos han sido una constante amenaza en el país durante las últimas dos décadas. Las regiones de Loreto y Piura son las más afectadas, representando el 87% de los incidentes registrados entre 1997 y 2023.
El estudio titulado “Las sombras de los hidrocarburos” recopila datos de instituciones estatales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Destaca que entre 2021 y 2023 se han registrado 460 emergencias, lo que subraya la persistencia del problema.
Entre los lotes más afectados, el 1AB (Lote 192) lidera con 327 derrames, seguido por el Lote 8 con 277, el Lote X con 189, el Z-2B con 117 y el XIII con 110. Además, el Oleoducto Norperuano (ONP) es responsable de 139 derrames.
En términos corporativos, Pluspetrol encabeza la lista de empresas con más derrames con un total de 394, seguida por Petroperú con 191 y Frontera Energy con 113. El informe se presentó el 14 de agosto, complementando informes previos como “La sombra del Petróleo” y “La sombra de hidrocarburos en Perú”, de 2019 y 2021, respectivamente.
Una de las principales causas de estos derrames es la corrosión de ductos y fallas operativas, representando el 73% de las emergencias. Este dato subraya la necesidad de una mejora sustancial en la infraestructura y operaciones de la industria petrolera para evitar futuras catástrofes ambientales y de salud pública.
La explotación de hidrocarburos y su impacto en comunidades indígenas
En la última década, se han reconocido derechos especiales mediante procesos como la Consulta Previa, lo que ha establecido un discurso acerca de los supuestos beneficios de la actividad extractiva. Sin embargo, esto también ha llevado a la confrontación entre empresas y comunidades, complejizando las relaciones de poder y dejando un panorama de persistente violencia y negociación, según estudios como los de Bebbington y Okamoto.
Desde una perspectiva local, la superposición de las actividades petroleras con la vida de las comunidades ha fragmentado los esfuerzos políticos para la defensa de los territorios. Además, existe una respuesta lenta ante las desigualdades estructurales, y no ha habido un proceso acelerado de cierre de brechas sociales, científicas e infraestructurales. El extractivismo también ha afectado las relaciones de género, aumentando la violencia contra mujeres y diversidades, y sometiendo a la población local a una espera constante de atención en remediación y salud, convirtiéndose en mecanismos de opresión.
Figuras como la monitora ambiental Kukama, Gladis Jaramillo, han destacado cómo la contaminación ha afectado la producción local y la salud de la comunidad. Por otro lado, líderes como Shapiom Noningo y Aurelio Chino critican la falta de comprensión del Estado sobre los impactos integrales de estas actividades, señalando que las comunidades no han visto mejoras en su calidad de vida a pesar de la presencia de empresas petroleras.
El extractivismo también ha generado una división constante de las fuerzas sociales, debilitando las luchas colectivas, según Melania Canales. Este contexto ha llevado a problemas aún por resolver, pero también ha impulsado la búsqueda de alternativas contrahegemónicas, como plantea Noningo, proponiendo proyectos alternativos de desarrollo que generen ingresos comparables o mayores a los del petróleo.
En el ámbito institucional, el Congreso de la República de Perú debate la nacionalización de la extracción petrolera versus la privatización, desatendiendo la situación de sitios contaminados que requieren atención urgente. La promoción de lotes petroleros por parte de Perupetro amenaza a comunidades en la Amazonía y en la costa, impactando a miles de personas y reservas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Por último, la criminalización de autoridades indígenas y la demora en la remediación ambiental destacan como temas críticos en esta coyuntura. Las poblaciones locales demandan la paralización de las actividades hidrocarburíferas hasta que se garantice el derecho a un ambiente sano y a la salud. Este informe busca abrir el debate sobre estas situaciones y proponer soluciones que respeten los derechos y necesidades de las comunidades afectadas
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