Josué Gutiérrez separó arbitrariamente a trabajadora de la Defensoría: Servir ordena su reincorporación

El Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) exigió a la Defensoría del Pueblo que restituya a Magali González Manco, quien denunció haber sido despedida arbitrariamente por el titular de la entidad, Josué Gutiérrez.

El fallo del Tribunal estableció que las decisiones administrativas tomadas por la Defensoría, que llevaron al cese de González, son nulas al “contravenir el deber de motivación y el principio de legalidad”. Según el documento emitido por Servir, el proceso que culminó con la no renovación del contrato de González carecía de fundamentos legales adecuados.

Como se recuerda, en diciembre de 2023, la Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura envió un memorando a Magali González, especializada en esa área, comunicándole que su contrato no sería renovado. En la comunicación, se le informó que su último día de trabajo sería el 31 de diciembre. Esta disposición fue reiterada el 19 de diciembre en un nuevo memorando remitido por la Jefatura de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría.

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo calificó la medida como un “despido encubierto” y denunció públicamente que la no renovación del contrato de González era una represalia por su posición crítica respecto a las decisiones que afectaban los derechos laborales dentro de la entidad. En un comunicado emitido el 19 de diciembre, el sindicato expresó su rechazo categórico a la decisión de Gutiérrez.

El sindicato señaló que la decisión mostraba una “intolerancia y arbitrariedad inaceptables” por parte de Gutiérrez, considerando que González era una líder sindical que representaba las críticas del gremio hacia la administración. Además, se destacó que estas críticas habían abordado actos y decisiones que afectaban la vigencia de los derechos de los trabajadores en la Defensoría.

“Ha sido una represalia”

En diálogo con Wayka, la afectada indicó que tuvieron un canal de diálogo con el Defensor del Pueblo, el cual se comprometió a defender los derechos de trabajadores CAS, procurando su continuidad laboral, la cual fue interrumpida.

“Esto pone en evidencia la posición arbitraria y autoritaria del defensor. Ha sido una represalia por la posición crítica de nuestro gremio. No hay informe técnico de sustento para esta decisión”, señaló la funcionaria, quien tenía un contrato CAS de reemplazo a tiempo indeterminado. “La plaza era financiada y por ende no se podría argumentar que no se renovó por falta de dinero”, explicó González a Wayka.

Asimismo, recordó que “ni bien asumió el cargo, empezamos a tener noticias de modificaciones de altos funcionarios para favorecer el ingreso de personas con vínculos políticos, también está la falta de pronunciamiento del defensor en temas críticos como el tema de los órganos de justicia o arbitrariedades del Congreso, situaciones clave para defender el sistema democrático del país. Por el contrario, tuvo opiniones que generaban conflicto entre instituciones”.

Cabe mencionar que, desde el inicio de la gestión de Gutiérrez Cóndor, todos los adjuntos heredados de las administraciones de Eliana Revollar y Walter Gutiérrez (2016-2023) han dimitido. La presidenta de la sección de Administración Estatal, Eugenia Fernán-Zegarra, fue una de las que dejó su cargo, siguiendo los pasos de otros ocho altos funcionarios que argumentaron discrepancias con la dirección actual de la Defensoría.

En su carta de despedida, Fernán-Zegarra señaló su descontento con la forma de manejo de la entidad bajo Gutiérrez Cóndor, una administración que, según ella, ha mermado significativamente el margen operativo y de fiscalización de la Defensoría. Esto, a su juicio, limita la capacidad de cumplir con las funciones asignadas a la institución de manera efectiva.