César Aguilar Surichaqui, recientemente nombrado Contralor General de la República, ha sido objeto de controversia tras revelarse información sobre sus vínculos pasados con firmas legales y su relación con el poder ejecutivo y legislativo. Según informó un reportaje de Hildebrandt en sus trece, el abogado con estudios en la Universidad San Martín y una maestría inconclusa, estructuró su carrera entre prácticas discretas y posiciones en el ámbito burocrático antes de su ascenso a la Contraloría.
Aguilar, de 53 años, fundó en 2013 una firma de asesorías legales llamada “Enrique Aguilar Asesores Corporativos Especializados” junto a su socio y sobrino, José Aguilar Orderique. Esta firma cerró en 2015, y Aguilar fundó entonces “Aguilar & Motta Abogados” junto a la abogada Giannina Motta. La página web de esta última firma proyectaba una imagen de prestigio, destacando la trayectoria de sus miembros como “vocales de tribunales administrativos y magistrados del Poder Judicial”. Sin embargo, en 2018, él transfirió sus acciones a sus socios antes de ingresar completamente a la Contraloría.
Este antecedente y la omisión de detalles claves en su declaración jurada de intereses presentaron su primera polémica. El semanario H13 subraya que Aguilar omitió mencionar que las acciones de su firma legal fueron transferidas a su sobrino, y que, además, desconocía la profesión de José Aguilar Orderique, señalado como uno de sus socios. La empresa, aunque sin presencia online, sigue activa en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
El Congreso de la República ratificó a Aguilar en su cargo de Contralor General el 24 de julio con 28 votos. Según el medio, existen indicios de que su nombramiento fue una estrategia de la Alianza para el Progreso (APP) para asegurar el control de la Contraloría. Fuentes internas indicaron que Aguilar fue propuesto a Dina Boluarte por miembros del APP, incluyendo al secretario César Flórez Salinas, quien fue visto acompañando a Aguilar en el Congreso. Además, comentan que al líder de APP, César Acuña, le preocupan investigaciones de la Contraloría sobre irregularidades en un viaje que realizó a China.
Las conexiones políticas de Aguilar profundizan su controversia en un contexto donde el gobierno busca consolidar su control en organismos clave. El nombramiento de Luigino Pilotto Carreño, ex viceministro de Justicia, como vicecontralor, también es visto con sospecha, interpretado como un intento de la administración de mantener la vigilancia desde el interior de la Contraloría. Pilotto tiene cercanía con miembros del actual gobierno, lo que algunos sugieren como una forma de mantener a Boluarte bien informada de las actividades de la Contraloría.
Más aún, un antecedente del paso de Aguilar por la Contraloría ha sido su involucramiento en la decisión de incluir a Fiorella Molinelli, exministra durante el gobierno de Martín Vizcarra, en un proceso sancionador relacionado con la adenda del aeropuerto de Chinchero. Originalmente excluida, el Tribunal de Responsabilidades Administrativas del cual Aguilar formaba parte, reabrió el caso bajo órdenes de Nelson Shack para incluirla. Esta acción llevó a Molinelli a ganar una demanda en el Tribunal Constitucional y hoy solicita una indemnización al Poder Judicial.
El influyente cargo que ahora ostenta Aguilar no está exento de desafíos. No solo enfrenta la tensión política externa, sino también interna, pues partes del sindicato de la Contraloría han expresado su desacuerdo con su nombramiento. Un sector cuestiona la legitimidad del proceso de postulación, afirmando que intereses externos influenciaron la decisión final.
Esta situación exhibe la complejidad y las redes de poder que existen en las altas esferas del gobierno peruano. Aguilar, en su nueva posición como Contralor General, está bajo la lupa tanto por su pasado como por las expectativas de su futuro desempeño. De hecho, su propia evolución dentro de la Contraloría, desde vocal del Tribunal de Responsabilidades Administrativas hasta su posición actual, refleja una progresión marcada por su capacidad para navegar y quizás aprovechar las estructuras del poder estatal.
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