La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, deslizó la posibilidad de que un video viral publicado en TikTok -en el que se ve a la presidenta Dina Boluarte responder con la frase “tu mamá” a un ciudadano que la acusó de corrupta- podría haber sido modificado utilizando inteligencia artificial, aunque también afirmó que la mandataria “puede cometer errores”.
Aunque no se atrevió a afirmar que el incidente sí ocurrió, pese a estar registrado en video por una ciudadana que se encontraba cerca a la Av. Brasil, tampoco negó que eso haya pasado y trató de excusar a Boluarte indicando que sigue trabajando para reactivar la economía.
Urteaga no solo habló del incidente de la presidenta, sino que afirmó que la presidenta tampoco se encuentra involucrada en delitos o en actos de corrupción. “(...) Ella no está metida en ningún tema de corrupción, no está robándole a la ciudadanía. No quiero dar por hecho algo que no sé. No he hablado con la presidenta al respecto. Hemos visto los videos. Ahora los videos pueden ser o no ser”.
Las afirmaciones de Urteaga también contradicen las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, que está investigando la relación de la mandataria con Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho y que también está involucrado en presuntos actos de corrupción en el marco del ‘Caso Rolex’, en el que la presidenta Boluarte habría recibido presuntos “préstamos” de relojes de alta gama y joyas a cambio de beneficiar con partidas presupuestales al gobierno de Oscorima.
Fiscalía presenta denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por muertes en protestas
En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el Ministerio Público indica que la denuncia constitucional presentada contra Boluarte en el Congreso también alcanza a exministros de su gobierno:
- Pedro Angulo Aranda y Alberto Otárola como titulares de la PCM.
- Alberto Otárola y Jorge Luis Chávez como ministros de Defensa.
- César Cervántes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero como ministros del Interior.
Según la información oficial de la Fiscalía, los altos funcionarios serían “presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.
Los delitos se produjeron en el marco del periodo de protestas que se iniciaron en los primeros meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, entre diciembre del año 2022 y febrero del 2023 en diferentes regiones, como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad, en las que 44 personas fallecieron por disparos, 3 murieron por golpes con objetos contundentes; y otras 116 sufrieron algún tipo de lesión, ya sea grave o leve.
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